Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2021
Fecha: 17-May-2021
Respecto del numeral 24
El art. 115 de la CPE manda que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
En ese contexto normativo, si bien el órgano ejecutivo municipal tiene la potestad de sancionar administrativamente a todo infractor de la normativa municipal; sin embargo, la aplicación de toda medida sancionatoria debe ser observando las amplias garantías y derechos fundamentales que componen el debido proceso; además, considerando el principio de proporcionalidad.
En el marco de lo expuesto, en casos concretos donde se incumpla la diferente normativa técnica-administrativa desarrollada para la edificación de bienes inmuebles, es admisible la demolición, previo debido proceso donde se establezca dicha medida bajo criterios de proporcionalidad, entre la sanción y el riesgo a la comunidad por parte del inmueble objeto de la medida administrativa.
- I.1. Contenido de la consulta
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- PREÁMBULO
- Artículo 1. CREACIÓN Y DENOMINACION
- Artículo 3. DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
- Artículo 4. NATURALEZA DE LA CARTA ORGÁNICA
- Fragmento 9
- Artículo 8. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA JURISDICCION TERRITORIAL
- Artículo 12. VALORES DEL MUNICIPIO
- ARTICULO 13. PRINCIPIOS
- ARTICULO 14. COSMOVISIÓN DE LOS CUCHUMUELEÑOS
- ARTICULO 15. LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CREENCIAS
- ARTICULO 16. PLURINACIONALIDAD
- ARTICULO 17. DESCOLONIZACIÓN
- Artículo 23. NATURALEZA JURÍDICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA GUALBERTO VILLARROEL (CUCHUMUELA)
- Artículo 28. FACULTADES
- Artículo 29. ATRIBUCIONES
- Artículo 32. FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
- Artículo 33. INVIOLABILIDAD PERSONAL
- Artículo 35. SESIONES
- Artículo 36. AUDIENCIAS PÚBLICAS
- Artículo 37. ÓRGANO EJECUTIVO
- Artículo 38. FACULTADES
- Artículo 39. ATRIBUCIONES
- Artículo 40. FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO
- Artículo 49. PARIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
- Artículo 56. SEPARACIÓN TEMPORAL
- Artículo 63. SUPLENCIA DE LA ALCALDESA O ALCALDE
- Artículo 65. RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
- Artículo 71. SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL
- Artículo 74. DEFENSA DE
- Artículo 75. CATASTRO URBANO
- Artículo 76. REGISTRÓ DE PROPIEDAD AUTOMOTOR
- Artículo 77. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
- Artículo 79. ASEO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
- Artículo 82. IMPUESTOS DE DOMINIO MUNICIPAL
- Artículo 83. EXENCIONES IMPOSITIVAS
- Artículo 84. ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA, FINANCIERA Y FISCAL
- Artículo 86. PRESUPUESTO MUNICIPAL
- Artículo 87. INVERSIONES MUNICIPALES
- Artículo 89. PATRIMONIO MUNICIPAL
- Artículo 95. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- Artículo 96. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
- Artículo 97. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN
- Artículo 98. DISPOSICIONES SOBRE PLANIFICACIÓN Y SUJECIÓN AL PND
- Artículo 99. PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL
- Fragmento 49
- Artículo 101. PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y SU PRESUPUESTO
- Artículo 102. ESTADÍSTICAS MUNICIPALES
- Artículo 104. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
- Artículo 105. RELACIONES INTERNACIONALES
- Artículo 106. PREVISIONES EN CUANTO A LA CONFORMACIÓN DE REGIONES
- Artículo 107. DE LA MANCOMUNIDAD
- Artículo 110. COMPETENCIAS COMPARTIDAS
- Artículo 113. SOLICITUD DE COMPETENCIAS Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS
- Artículo 114. SALUD INTERCULTURAL
- Artículo 115. MEDICINA TRADICIONAL
- Fragmento 60
- Artículo 117. EDUCACIÓN INTERCULTURAL
- Artículo 118. SABER, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- Artículo 120. SEGURIDAD CIUDADANA
- Artículo 121. CULTURAS, INTRACULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD
- Artículo 122. RESGUARDO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL
- Artículo 126. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
- Artículo 128. ADULTO MAYOR
- Artículo 129. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Artículo 130. MINORÍAS NO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS
- Artículo 131. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
- Artículo 132. DISTRITOS MUNICIPALES
- Artículo 134. USO DE SUELOS
- Artículo 136. ECONOMÍA PLURAL MUNICIPAL
- Artículo 138. FOMENTO AL EMPLEO Y MEJORA DE CONDICIONES LABORALES
- Artículo 140. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
- Artículo 142. VIALIDAD Y CAMINOS
- Artículo 143. DESARROLLO PRODUCTIVO, AGROPECUARIO Y FORESTAL
- Artículo 144. PISCICULTURA
- Artículo 145. RIEGO, MICRO-RIEGO Y REPRESAS
- Artículo 146. ÁRIDOS Y AGREGADOS
- Artículo 147. DESARROLLO URBANO
- Artículo 148. ASENTAMIENTO HUMANO URBANO Y SUS PROHIBICIONES
- Artículo 150. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANA
- Artículo 151. TRANSPORTE URBANO, ORDENAMIENTO Y EDUCACIÓN VIAL
- Artículo 153. MADRE TIERRA
- Artículo 154.
- Artículo 155. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES
- Artículo 156. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
- Artículo 159. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAGUNAS
- Artículo 161. PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL MUNICIPAL
- Artículo 164. DERECHOS, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
- Artículo 171. ASAMBLEA Y CABILDOS DEL MUNICIPIO
- Artículo 173.
- Artículo 174. REVOCATORIA DE MANDATO
- Artículo 176. REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Bolivia se constituye en un Estado Unitario
- Estado Plurinacional con autonomías
- porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre los bolivianos
- Estado plurinacional
- capacidad legislativa, en determinados temas y materias
- entre los referidos gobiernos subnacionales, no opera jerarquía alguna, es decir que la extensión territorial que abarca la jurisdicción de una determinada ETA no implica que ésta tenga mayor jerarquía
- y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones
- La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.
- 1)
- III.3.1. Sobre la competencia
- Estas habilitaciones para la actuación es lo que define la palabra
- un ámbito acotado de potencial actuación permitida
- [3]
- [4]
- III.3.2. Asignación competencial en el diseño estatal boliviano
- el ejercicio como tal de cada una de estas competencias podrá ser de forma gradual o progresiva
- Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad…´
- III.3.3. Tipos de competencias
- en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno.
- supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo)
- c) Competencias concurrentes.
- d) Competencias compartidas.
- La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará
- La transferencia es definitiva y no puede ser, a su vez, transferida a una tercera entidad territorial autónoma
- el gobierno delegante no pierde la titularidad
- cuando la norma fundamental se refiere a la transferencia y delegación de competencias, se refiere a la transferencia de la titularidad de la facultad reglamentaria y ejecutiva, quedando por entendido que la facultad legislativa queda al margen del alcance de la transferencia o delegación competencial
- por el principio de la voluntariedad.
- III.3.5. Ámbitos de ejercicio competencial
- ejercicio competencial
- i) El ámbito jurisdiccional.
- ii) El ámbito material.
- iii) El ámbito facultativo.
- Facultad legislativa.
- Facultad reglamentaria.
- Facultad ejecutiva.
- Facultad fiscalizadora.
- Facultad deliberativa.
- III.3.6. Sobre las competencias
- III.4.
- no corresponde que las normas institucionales básicas, en el desarrollo de su contenido, ingresen a determinar o definir dichos aspectos en ámbitos materiales cuya reserva de ley correspondiere al nivel central del Estado
- III.5.
- III.5.1. Sobre la relación inter-orgánica en el ámbito municipal
- es el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo
- a)
- b)
- c)
- norma institucional básica de la entidad territorial
- naturaleza rígida
- Fragmento 145
- ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales
- se encuentran tres brazos específicos de control a saber: El Control normativo, el control competencial y el control referente al respeto y vigencia de Derechos Fundamentales
- En cuanto al control normativo de constitucionalidad
- se constituye en un control normativo
- proyectos de normativas debidamente aprobadas
- el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes,
- en todo caso, es en base a sustentos jurídico constitucionales en virtud de los cuales se efectuará el respectivo test de control previo de constitucionalidad
- , en el examen de constitucionalidad, se desarrollará la respectiva fundamentación jurídica-constitucional sobre aquellos artículos en los cuales se advierta de forma evidente alguna transgresión a la Norma Suprema
- III.7.2. Particularidades del control previo de constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas
- atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional
- la de conocer en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad
- pueden ser sometidos a control previo y posterior de constitucionalidad
- El control posterior dependerá del ejercicio y la aplicación de los preceptos de la norma básica institucional que se desarrolle en la vigencia de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos, en ese sentido existirá un cargo particular que una demanda abstracta o indirecta de acuerdo al caso, que pretenda la misma, circunstancias que no se presentan en el control previo de constitucionalidad.
- por lo que, si bien, de manera inicial el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronuncia mediante una Declaración sobre la constitucionalidad de dichos proyectos, los mismos no quedan exentos de ser posteriormente sometidos a control de constitucionalidad ya por la aplicación o adjudicación de la norma a casos concretos o ya porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional
- ello no impide someter a la indicada norma a un nuevo juicio de constitucionalidad, al ser distinto el fundamento en el que se basó tal análisis
- III.9. Control previo de constitucionalidad de las disposiciones contenidas en el proyecto de COM de Villa Gualberto Villarroel
- y a las leyes nacionales
- de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales
- a toda ley
- de acuerdo a los procedimientos
- en el marco de la jerarquía constitucional de las normas vigentes
- compatibilidad
- Control previo de constitucionalidad
- incompatibilidad
- universales
- no podrá entenderse que los ciudadanos o habitantes de determinada entidad territorial sólo gozarán de aquellos derechos instituidos por la Carta Orgánica o Estatuto
- regulación de derechos fundamentales
- aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado
- el nivel central del Estado tiene la titularidad sobre la facultad legislativa, por lo tanto, elabora la ley a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto que la titularidad de la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva corresponde a las entidades territoriales autónomas
- incompatible
- Respecto a los numerales 22 y 25
- el régimen económico y financiero
- Respecto a los numerales 23 y 24
- calificación
- con relación a la disposición de dichos bienes
- Respecto al numeral 29
- objeto de división
- competencias compartidas
- en las competencias compartidas
- no implique división de responsabilidades, la norma institucional básica se encuentra facultada para establecerla, aspecto que no puede ser entendido como invasión competencial
- si en la COM los preceptos despliegan división de responsabilidades de la competencia compartida -así se encuentre agotada la división por la ley básica-, debe ser declarado incompatible con la Norma Suprema, por vicio en el órgano emisor, en razón a que, como se tiene dicho la responsabilidad de emitir la ley básica se encuentra reservada por mandato constitucional -art. 297.I.4 de la CPE- para el nivel central del Estado; en consecuencia, la norma básica institucional no es idónea para realizar esta tarea; un entendimiento en contrario establecería en el fondo que las competencias compartidas puedan ser divididas en su facultad legislativa por la COM, que además de paso se encuentran en la misma jerarquía que toda ley, por lo que materialmente se estaría comportando como si se tratara de una ley básica pero emitida desde un nivel autonómico, aspecto contrario al orden competencial establecido en la Constitución Política del Estado, correspondiendo de manera indefectible su incompatibilidad”
- Respecto al numeral 38
- Expropiación de inmuebles
- autorización
- instancia de dirección, planificación, organización, gestión y representación del Concejo Municipal
- La autonomía implica
- En tanto, que las otras dos facultades: reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los órganos ejecutivos
- 2. Facultad reglamentaria.
- Respecto del numeral 24
- Respecto del numeral 29
- designadas y los designados
- El precepto que se analiza, confunde determinados cargos administrativos en uno solo, es decir los subalcaldes, oficiales mayores, que por las características en su designación, corresponden a servidores públicos designados
- designación
- Los principios que rigen la organización territorial
- independencia
- escoger su lugar de residencia
- Sobre el numeral 2
- Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano
- el deber de utilizar al menos dos idiomas oficiales del país, uno de uso de su territorio y el otro el castellano, obligación que recae en la institucionalidad pública, en este caso en el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Gualberto Villarroel
- la norma institucional básica no es idónea para efectuar el desarrollo legislativo de
- 1. Sobre las reservas de ley en la
- que serán desarrolladas por la ley
- La Ley determinará los criterios generales para la elección
- al margen de contemplar una reserva de ley para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
- Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales
- la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno
- i)
- Régimen Electoral
- Cambio de línea.-
- constituye
- La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos
- La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción
- Un primer supuesto
- Un segundo supuesto
- corresponderá a un miembro del Concejo
- acceso
- Fragmento 222
- para la creación y/o modificación de impuestos
- el procedimiento
- la mención de materias sobre competencias de carácter
- Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley
- la cláusula residual no debe confundirse con una tipología de competencia, pues la Ley Fundamental reconoce cuatro tipos de competencia, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas; sino debe entenderse como un procedimiento de asignación competencial
- Fragmento 228
- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- en coordinación con los planes
- en la pluralidad y el pluralismo
- las relaciones internacionales de las ETA deben ser entendidas como relaciones de carácter interinstitucional
- En relación al parágrafo II
- Respecto al parágrafo III
- principios
- competencias exclusivas, se perfeccionan en un sólo momento, es decir, que no es necesario asumir previamente la competencia exclusiva en el estatuto o la carta orgánica para poder ejercer la competencia,
- competencias concurrentes
- ley sectorial
- sólo podrá hacerse aplicando el principio competencial, o sea, considerando la asignación constitucional de competencias que a cada ETA corresponda
- en las competencias concurrentes
- no implique distribución de responsabilidades, la norma institucional básica se encuentra facultado para establecerla, asimismo le está permitido disponer la reglamentación sobre lo distribuido por la ley sectorial -preceptos remisivos-, aspecto que no puede ser entendido como invasión competencial
- si en la COM los preceptos despliegan distribución de responsabilidades de la competencia concurrente -así se encuentre agotada la distribución por la ley sectorial-, debe ser declarado incompatible con la Norma Suprema, por vicio en el órgano emisor, en razón a que, como se tiene dicho la facultad legislativa se encuentra reservada por mandato constitucional -art. 297.I.3 de la CPE- para el nivel central del Estado, en consecuencia la norma básica institucional no es idónea para realizar esta tarea; un entendimiento en contrario establecería en el fondo que las competencias concurrentes pueden ser redistribuidas por la COM, que además de paso se encuentra en la misma jerarquía que toda ley, por lo que materialmente se estaría comportando como si se tratara de una ley sectorial pero emitida desde un nivel autonómico, aspecto contrario al orden competencial establecido en la Constitución Política del Estado, correspondiendo de manera indefectible su incompatibilidad
- distribución
- Numerales 1
- numeral 4
- numeral 1
- Sobre el parágrafo I del artículo 118
- ámbito de su jurisdicción
- lo que implica que el ejercicio efectivo y constitucional de las competencias consiste en que el gobierno central y los gobiernos autónomos ejerzan sus competencias con efectos dentro del espacio territorial que gobiernan y sobre las materias que les fueron asignadas, a través de la facultad que tienen habilitada para cada materia
- bajo responsabilidad del nivel central del Estado
- constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país
- patrimonio natural
- en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones
- nacional
- -reforma total
- 19
- MAGISTRADO