DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0138/2016

Asimismo, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, hace referencia a lo siguiente: “Conforme se ha señalado la configuración del Estado boliviano en un Estado Plurinacional con autonomías, implica el establecimiento de nueva estructura y organización territorial y funcional del Estado, basado en la distribución ordenada de funciones y asignación de competencias entre varios niveles de gobierno, para una óptima ejecución de políticas públicas. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, en la Tercera Parte, Capítulo Octavo, delimita la distribución de competencias, efectivizando un sistema de reparto del poder político y administrativo entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. (…) Ahora bien, de la distribución de competencias realizadas en la Constitución Política del Estado entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, corresponde precisar que el Constituyente boliviano, ha preferido, a diferencia de otros modelos, establecer un catálogo competencial para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, las mismas que se encuentran determinadas en nueve listas distribuidas a partir del art. 298 al 304 de la CPE, de acuerdo a la siguiente estructura: 1. Competencias privativas del nivel central (art. 298.I de la CPE, con veintidós competencias). 2. Competencias exclusivas del nivel central del Estado (art. 298.II de la CPE con treinta y ocho competencias). 3. Competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (art. 299.I de la CPE, con siete competencias). 4. Competencias concurrentes ejercidas por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autonómicas (art. 299.II de la CPE, con dieciséis competencias). 5. Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales (art. 300.I de la CPE, con treinta y seis competencias). 6. Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos (art. 302.I de la CPE, con cuarenta y tres competencias). 7. Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.I de la CPE, con veintitrés competencias). 8. Competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.II de la CPE, con cuatro competencias) 9. Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.III de la CPE, con diez competencias). (…) Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE, principio en virtud del cual las entidades territoriales autónomas ejercen efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original.

Sobre lo señalado, se puede advertir que la Ley Fundamental define los tipos de competencias, su alcance y además establece todo un catálogo competencial para el nivel central del Estado como para las diferentes ETA; al respecto la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” es clara al indicar que la asignación de competencias está claramente establecida en la Constitución Política del Estado y en ese enfoque hace un desglose del ejercicio competencial en función al catálogo establecido en la Norma Suprema; por último, la jurisprudencia es clara al detallar las particularidades de las competencias y la cantidad correspondiente al nivel central del Estado como a las ETA, pero además se advierte que la distribución de competencias es de carácter cerrado, dejando de lado toda posibilidad a que cualquier ETA pueda establecer otras competencias en sus normas básicas institucionales; por todo ello, se concluye que la Carta Orgánica Municipal (en el caso concreto) no tiene tuición para adoptar competencias ya sea a través de una ley especial u otro mecanismo normativo.