DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2014 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”

reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la unidad del Estado, normativa que junto a lo previsto en el art. 1 configuran el diseño arquitectónico del Estado Plurinacional con autonomías, a edificarse en el marco del principio de unidad del país, que subyace en los arts. 1 y 2 de la CPE y de manera transversal en toda la Constitución, como elemento articulador de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad descolonizadora y el régimen autonómico

cuya dinámica en el ejercicio de dichas facultades debe reflejar la característica esencial del nuevo Estado orientado hacia una democratización profunda del poder político que desmantele la centralización caracterizadora del anterior modelo de Estado

en el marco del Estado Plurinacional con autonomías, las mismas se encuentran subordinadas a la unidad, en tanto que se reconoce que las entidades territoriales se someten a un mismo régimen jurídico, adoptan una organización político-administrativa uniforme y reconocen la supremacía del nivel central del Estado, en procura de mantener la cohesión y la unidad política del territorio, cuya implementación no termina en lo estrictamente establecido en la letra del texto constitucional, por el contrario, el Estado Plurinacional con autonomías constituye un proceso que se encamina a partir del diseño constitucional y se complementará con la legislación, la jurisprudencia y doctrina constitucional que se vaya generando en torno al mismo.

la transformación del Estado boliviano en Estado Plurinacional con autonomías, implica el establecimiento de una nueva estructura y organización territorial y funcional del Estado, basado en la distribución ordenada de funciones y asignación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno para la óptima ejecución de los fines y funciones del Estado.

III.3.1. El diseño constitucional autonómico

y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”

autonomía municipal

como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial -departamental, municipal, regional, indígena originario campesina-, cada una de ellas con rango constitucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas. Con elección directa de sus autoridades, administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas, cuyo ejercicio se encuentra subordinado al marco de la unidad del Estado.

III.4.Autonomía Municipal

El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica

el Gobierno Autónomo Municipal,

III.5. La distribución de competencias entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas

lo que supone que la competencia debe ser ejercida únicamente por el nivel de gobierno al cual la Constitución Política del Estado le ha asignado la titularidad de la misma.

ejercicio competencial

i) El ámbito jurisdiccional.

ii) El ámbito material.

iii) El ámbito facultativo.

Facultad legislativa.

Facultad reglamentaria.

Facultad ejecutiva.

Facultad fiscalizadora.

Facultad deliberativa.

la distribución de competencias realizada por la Constitución se efectúa en relación a materias como salud, educación, transporte, etc., pero también con relación a las facultades (legislativa, reglamentaria, ejecutiva) que los niveles de gobierno deben ejercer en función de cada tipo de competencia (privativa, exclusiva, compartida y concurrente) y dentro de su jurisdicción, ello supone que la distribución competencial, sustentada en los principios rectores del régimen autonómico señalados supra, lleva consigo un alto grado de corresponsabilidad,

III.5.2. Del sistema de distribución de competencias en el régimen autonómico

en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno.

supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo)

c) Competencias concurrentes.

d) Competencias compartidas.

el Constituyente boliviano, ha preferido, a diferencia de otros modelos, establecer un catálogo competencial para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, las mismas que se encuentran determinadas en nueve listas distribuidas a partir del art. 298 al 304

Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE,

III.6. Forma de Gobierno

es el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo

III.7. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

III.8. La Carta Orgánica Municipal y sus contenidos

de la cláusula de supletoriedad el nivel central del Estado puede normar (legislar o reglamentar) sobre las competencias exclusivas departamentales, municipales, o indígena originario campesinas, es decir, no puede entenderse a la supletoriedad de la norma como una cláusula universal atribuida a favor del nivel central del Estado sobre cualquier competencia, incluidas las exclusivas de las entidades territoriales autónomas.

Ello podría suponer que el nivel central del Estado se atribuya la legislación de las competencias de las entidades territoriales autónomas a falta de un ejercicio efectivo de las competencias atribuidas a los gobiernos autónomos subnacionales, lo cual iría en contra del modelo de Estado autonómico planteado por la norma constitucional

1. Cuando las entidades territoriales autónomas aún no hubieren ejercido de manera efectiva sus competencias y no hubieren legislado sobre las mismas se aplica de manera supletoria la legislación nacional preconstitucional vigente hasta que la entidad territorial autónoma legisle sobre esa competencia que le ha sido asignada por la CPE.

2. La supletoriedad procederá con una norma postconstitucional únicamente en el caso específico de la legislación para los gobiernos locales, en correspondencia a lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 284 de la CPE, que contempla el mandato potestativo de la elaboración de las cartas orgánicas. Por ello, para aquellos gobiernos autónomos municipales que decidan no contar con una carta orgánica, serán regulados por la ley de gobiernos locales que emita el nivel central del Estado.

II.

La autorización realizada por la Norma Constitucional permite entender que de manera excepcional

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que en su art. 62 fija los contenidos mínimos que deben tener los estatutos y cartas orgánicas

Símbolos e idiomas.

Derechos y Deberes.

Competencias.

III.9.Caracteres del control previo de constitucionalidad de los Estatutos y Cartas Orgánicas

tiene un carácter previo

carácter abstracto

control automático y obligatorio

III.10 Datos referenciales del municipio de Moro Moro y estructura del proyecto de su Carta Orgánica

parte organizativa

reforma de la carta orgánica y disposiciones transitorias

“Artículo 3. (Ubicación de la jurisdicción territorial)

III.11.1.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 3

declarar la incompatibilidad del citado artículo en la frase siguiente: “…limita al Norte con la Provincia Manuel María Caballero (Municipio de Comarapa) y la Provincia Florida (Municipio de Pampa Grande), al Sur con el Municipio de Vallegrande de la Provincia Vallegrande y con la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba (Municipio de Pasorapa), al Este con el Municipio de Vallegrande y el Municipio de El Trigal, y al Oeste con la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba (Municipio de Pasorapa)”.

III.11.2.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 4

”

uso

declarar la incompatibilidad del art. 4 del proyecto analizado por no guardar concordancia con el precepto constitucional previsto en el art.5.

III.11.3.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 6.II

debiendo declararse la incompatibilidad constitucional del art. 6.II de proyecto en cuestión por ser contrario al art. 6.II de la CPE.

III.12. De los artículos 1.I.II, 2.I.II.III.IV.V.VI numerales 5, 6.I numerales 7, 8, 9.I.II y numeral 10

III.13.1.1. Del juicio de constitucionalidad del inc. d) del art. 13

declarar la incompatibilidad de la citada regulación, por ser contraria a los arts. 11, 285 y 287 de la Constitución Política del Estado.

III.13.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 15.I

declarar su incompatibilidad, dada la falta de concordancia con los arts. arts. 285.I, 234.4 de la CPE.

III.13.3.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 17

declarar la incompatibilidad de esta previsión, por ser contraria a las normas constitucionales mencionadas.

III.14. De los arts. 11, 13 incs. a, b y c; 12.I y II; 14.I y II; 15.II y III; y, 16.I.II y III

III.15.1.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 20.4

III.15.2.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 20 numeral 18

consiguiente la regulación es incompatible a la norma constitucional citada.

III.15.3.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 20 numeral 19

III.15.4.1 Del juicio de constitucionalidad del art. 20 numeral 21

“Artículo 20. (Atribuciones)

“I.

por consiguiente, la frase “mediante resolución interna” resulta incompatible a las normas constitucionales citadas precedentemente.

III.16. De los arts. 18.I y II; 19.I y II; 20 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26 y 27; 21.I.II.III. IV.V. VI y VII

III.17.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 22

declarar la incompatibilidad del art. 22 del proyecto de carta orgánica, por ser contrario a los arts. 11.II y 14.II de la aludida Norma suprema.

III.17.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 24

declarar la incompatibilidad de la norma analizada por ser contraria al mencionado precepto constitucional, dado que el establecimiento de una fecha distinta para la entrada en vigencia de una ley municipal, afecta al principio de la seguridad jurídica que rige en la administración pública, al no brindar el mismo tratamiento en la determinación del momento en que una norma jurídica de igual jerarquía, debe ser de cumplimiento obligatorio.

III.17.3.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 25

la incompatibilidad de aquella regulación por no ser concomitante con los fines y objetivos que persigue una carta orgánica municipal e ingresar en la regulación de aspectos que son de exclusiva facultad del Constituyente y no del órgano estatuyente municipal.

III.17.4.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 26

la incompatibilidad del art. 26 del aludido proyecto por regular materias reservadas a la LMAD, según lo dispuesto en el art. 271.I de la Carta Fundamental.

III.18. De los arts. 23 y 27

III.19.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 30 numeral 3

III.19.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 30 numeral 6

En consecuencia, cabe declarar la incompatibilidad del artículo mencionado por su contrariedad con el art. 340.IV de la Carta Fundamental.

III.19.3.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 30 numeral 18

III.19.4.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 30 numeral 20

III.19.5.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 30 numeral 22

corresponde declarar la incompatibilidad de la previsión por ser contraria al precepto constitucional mencionado.

III.20. De los arts. 28; 29; 30 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; 31.I y II; 32; y, 33

III.21.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 36

correspondiendo en consecuencia declarar su incompatibilidad con la citada norma constitucional.

III.22. De los arts. 34.I.II y III; y; 35.I.II.III.IV.V y VI

III.23.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 37.IV

por consiguiente amerita declarar la incompatibilidad de la frase: “Se reconoce los siguientes mecanismos de participación ciudadana”; y el inciso IV del art. 37 del proyecto analizado, por ser contrarios a los preceptos contenidos en los arts. 11.II y 410 de la CPE.

III.23.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 38

por lo que corresponde declarar la incompatibilidad de la frase: “Las organizaciones sociales propondrán al concejo los mecanismos y formas de participación y control social para su aprobación mediante ley municipal”, de la previsión analizada.

III.24. De los arts. 37.I.II y III; 39.I.II.III y IV

III.28. De los arts. 41, 42 y 43

III.29.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 48

Fragmento 162

declarar la incompatibilidad de la frase: “…principales centros…” correspondiente al art. 48 del citado proyecto por ser contrario a los arts. 14.I.II y 306 de la CPE.

III.29.2.1. Del juicio de constitucionalidad del inc. g del art. 50

declarar la incompatibilidad de esta regulación por ser contraria al art. 297.II de la Constitución.

III.30. De los arts. 44, 45 incs. a, b, c y d; 46; 47; 49; 50 incs. a, b, c, d, e y f; y, 51

III.32. De los arts. 52 y 53

III.34. De los arts. 54 y 55

lo que contraría el mencionado precepto constitucional; y motiva la declaratoria de incompatibilidad del art. 56.I de proyecto abordado.

III.37.1.1. Del juicio de constitucionalidad del inc. e) del art. 63

III.38. De los arts. 61, 62 y 63 incs. a, b, c, d, f y g

III.40. De los arts. 64 y 65

III.41.1.1. Del juicio de constitucionalidad del artículo 66.I inc. d)

por cuya razón corresponde declarar la incompatibilidad de la frase “priorizando los recursos humanos del lugar” , por su contrariedad con el precepto constitucional inserto en el art. 14.II. y el carácter intercultural que sostiene al Estado Plurinacional, conforme dispone el art. 1 de la misma Norma Fundamental

III.42. Del art. 66.I incs. a, b, c, e, f y g; II

III.43.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 68

III.43.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 70

III.44. De los arts. 67, 69 incs. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n; 71

III.45.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 72

correspondiendo declarar la incompatibilidad del art. 72 del proyecto de carta orgánica municipal, por ser contrario a los preceptos incursos en los arts. 349.I, 403.I y 304.II.2 de la CPE.

III.47. De los arts. 73, 74, 75 y 76

III.49. De los arts. 77, 78 y 79

III.51. De los arts. 80 y 81

“Artículo 82. (Lineamientos generales)

III.52.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 82 numerales 1, 3 y 4

por esta razón, corresponde declarar la incompatibilidad de los numerales 1, 3 y 4 del art. 82 del proyecto analizado.

84 y 85

III.54.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 85.II

inviolables

por lo que corresponde declarar la incompatibilidad de esta regulación por ser contraria al precepto constitucional establecido en los arts. 339.II y 158.13.

III.55. De los artículos 84 y 85.I.III

III.56.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 87.V

En consecuencia, cabe declarar la incompatibilidad de la regulación mencionada por su contrariedad con el art. 340.IV de la Carta Fundamental.

III.56.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 90

III.57. De los arts. 86.I.II; 87.I.II.III.IV.VI.VII.VIII; 88.I.II, 89 y 91

III.58.1.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 92

III.58.2.1. Del juicio de constitucionalidad del art. 95

declarar la incompatibilidad de la palabra “básicas” de la primera parte del art. 95 del proyecto analizado, por ser contraria norma establecida en el art. 302.I.42. de la CPE.

III.59. De los artículos 92 segunda parte, 93, 94, 96, 97.I.II y III, 98, 99.I.II y 100.I

III.62.1.2. Del juicio de constitucionalidad del art. 104

III.68.1.2. Del juicio de constitucionalidad del art. 108

III.71. De los arts. 110 y 111

III.73. Del art. 112

III.74. Del juicio de constitucionalidad del

III.74.1.1.Del juicio de constitucionalidad de la Disposición Transitoria Primera

III.75. De las Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta