DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2014

En cuanto a las ordenanzas municipales, previstas en el numeral 3 de la disposición en estudio, cabe señalar que en observancia del nuevo modelo de Estado y la facultad legislativa otorgada a las entidades territoriales autónomas, la ordenanza municipal emanada del órgano deliberante adquiere un carácter diferente al concebido en la Ley 2028 de Municipalidades, porque el acto legislativo a realizarse sobre las competencias asignadas a los gobiernos municipales en las competencias exclusivas y compartidas deberá efectuarse mediante ley municipal, y no así mediante una ordenanza municipal.

En este entender una ordenanza municipal al ser una norma propia del Concejo Municipal, no puede invadir la facultad legislativa ni la potestad reglamentaria del órgano ejecutivo, lo que conduce imprescindiblemente a que en el marco de la autonomía municipal, la carta orgánica establezca de manera clara y precisa, el carácter, naturaleza y alcance de las ordenanzas municipales, sin invadir ninguna de las facultades mencionadas, como ocurre en el artículo en análisis.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal en la SCP 1714/2012 reiterada en la SCP 2055/2012, en el marco del art. 272 de la CPE, ha desarrollado el ámbito facultativo, donde se establece que las facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora corresponden a los órganos legislativos, y las facultades ejecutiva y reglamentaria corresponden a los órganos ejecutivos de las ETA’s, en este entender la facultad reglamentaria establecida por mandato constitucional para los órganos ejecutivos de las entidades subnacionales conlleva cualidad reglamentaria con carácter general, es decir que su obligatoriedad alcanza a todo estante dentro de la jurisdicción municipal, cualidad que la norma administrativa del concejo municipal no tiene, en consecuencia en el marco del principio de separación e independencia de órganos y el funcionamiento institucional de los mismos, no debe entenderse que una norma administrativa de un órgano, pretenda sujeción jerárquica a norma administrativa del otro órgano, cada órgano en ejercicio de sus facultades deberá desarrollar normativa administrativa observando el alcance de las facultades competenciales establecidas en la Constitución Política del Estado.