DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2014

Para la consolidación de nuevo modelo de Estado, caracterizado por su naturaleza unitaria y a la vez descentralizado y con autonomías, el art. 271.I de la CPE, contempla una reserva legal destinada a que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, regule entre otros aspectos el procedimiento para la elaboración de los estatutos y cartas orgánicas municipales, como normas básicas institucionales que rigen la actividad estatal a nivel departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.

En cumplimiento a este mandato constitucional, el art. 60.I de la disposición legal mencionada, define el contenido y alcance que debe abarcar toda norma institucional básica, la cual en concordancia con la Ley Fundamental, tendrá por finalidad expresar la voluntad de sus habilitantes, señalará sus derechos y deberes, definirá las instituciones políticas de la entidad territorial, las competencias que correspondan, los recursos financieros para el ejercicio de estas atribuciones y las relaciones de coordinación con los demás niveles del gobierno estatal.

El desarrollo de este ámbito normativo, se materializa en la descripción de los contenidos específicos, necesarios y facultativos que estatuye el art. 62 de este marco legal, entre los que no se alude a la fijación de normas, que dispongan la instancia que debe abrir su competencia para conocer de acciones relativas a la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas emitidas por el gobierno municipal.

El juicio de constitucionalidad de estas normas, emerge de una atribución expresa y exclusivamente conferida por la Carta Fundamental, al Tribunal Constitucional Plurinacional, según se desprende de lo prescrito en el art. 202.1 de la mencionada Norma suprema, cuyo ejercicio competencial, no se encuentra supeditado al mandato de ninguna norma básica institucional.