DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2015

La Constitución Política del Estado, incorpora en su Título Vl, arts. 241 y 242, “La Participación y Control Social”, que amplían los alcances de la participación y control social; entre sus principales disposiciones señala que “el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participara en el diseño de las políticas públicas”; también señala que “La ley establecerá en el marco general para el ejercicio del control social” y que la “sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social.”

Del párrafo precedente, se puede concluir en dos elementos esenciales y formales para el presente análisis; el primero, es la reserva de ley, es decir, la Constitución Política del Estado, ha previsto que una ley básica, regulará su marco general; y el segundo, la auto-regulación, es decir, será la propia sociedad civil, la que defina su estructura y composición, para ejercitar este derecho, condición fundamental en la democracia; consiguientemente, no corresponde que las cartas orgánicas o estatutos autonómicos, regulen aspectos relacionados a la composición,  organización y funcionamiento de la participación y control social, sin que esto implique el desconocimiento de los principios de transparencia y participación y control social, propios de la autonomía.

También, la DCP 0026/2013 al respecto ha señalado: “Así, se entiende que es la propia Constitución Política del Estado, la que impone al aparato público estatal, en todos sus niveles territoriales, el deber de establecer espacios de participación y control social, lo que implica, el reconocimiento a los entes y órganos que la propia sociedad civil organizada establezca de manera independiente. Esto quiere decir, que ninguna entidad estatal, territorial o funcional, podrá extralimitarse en el cumplimiento de este mandato, pues deberá respetar la independencia y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de sus propias estructuras de participación en los procesos decisorios para la definición de políticas y acciones públicas y en el control a la legalidad y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos públicos (art. 4.II.4 de la Ley de Participación y Control Social).”