DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0027/2016

Con referencia a las defensorías municipales de derechos humanos; la DCP 0006/2015, citando a la DCP 0001/2013, al analizar la posibilidad de la creación de una instancia de defensoría de los derechos del ciudadano, propuesta por el proyecto de Carta Orgánica de Cocapata, estableció que: “‘El  art. 218.I de la CPE señala que «La defensoría del Pueblo velará por la vigilancia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos».

El art. 60.I de la LMAD referente a Estatutos y Cartas Orgánicas señala que son «…la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado».

El texto constitucional ya establece la figura constitucional del defensor del pueblo, la Carta Orgánica de Cocapata no podría establecer una figura que tenga las mismas características y las atribuciones que el defensor del pueblo. Sin embargo, la Carta Orgánica podría precisar que las atribuciones de esta instancia, que de ninguna manera podrían ser las mismas que las establecidas constitucionalmente para el Defensor del Pueblo, sino las atribuciones del Defensor del Ciudadano podrían encontrarse enmarcadas en el ámbito de las competencias municipales (exclusivas, concurrentes y compartidas). Por tanto, se sugiere precisar el alcance del mandato y no enmarcarlos de manera amplia a los derechos fundamentales.

En ese marco, se debe recordar que el proyecto de Carta Orgánica de Cocapata contiene referencias genéricas sobre los derechos y que reproducen contenidos constitucionales, asumiéndolos de titularidad de los ciudadanos del municipio, por lo que la actuación de los órganos públicos de la entidad autónoma, deberá estar enmarcada en estos derechos, a pesar de que se trate de una incorporación literal de las disposiciones constitucionales. En ese marco, si el proyecto de Carta Orgánica prevé la existencia de un «defensor del ciudadano» ligado con la idea de un ombudsman destinado a velar y garantizar los derechos, el mismo necesariamente debe enmarcar su accionar a las competencias municipales, por constituirse como una instancia o una entidad instituida por el gobierno autónomo municipal a través de la Carta Orgánica’”.

Por otro lado, con referencia a las acciones que pretende desarrollar el Gobierno Autónomo Municipal de Alalay conjuntamente con los actores sociales, sobre aspectos inherentes al mejoramiento de la administración de justicia, corresponde señalar que la cualidad autonómica se ejerce en un ámbito territorial y competencial; por lo cual, no puede el nivel municipal arrogarse una competencia exclusiva del nivel central del Estado (art. 298.II.24 de la CPE).