DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2014

Sobre el particular, cabe señalar que bajo el sistema anterior, se consideraba al concejo municipal como el máximo ente de la unidad territorial, teniendo subordinado al ejecutivo municipal, sobre el cual, tenía ciertas prerrogativas, entre ellas, la de concederle licencia en caso de ausencias. Dicho sistema con el nuevo orden constitucional, ha sido superado y en la actualidad se tiene en base al artículo 12 de la CPE, la independencia, separación, coordinación y cooperación entre órganos, por lo que ambos ejercen no las potestades y facultades que se les confieren en total independencia.

Al respecto la DCP 0067/2014, señaló que: “La parte in fine del art. 12.I de la CPE, establece que: '…La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos'. Así, en el entendido de que el Estado está conformado por todos los niveles de gobierno, la aplicación de este fundamento se traslada también a la forma de gobierno en las ETA's, como dispone el art. 12.II y III de la LMAD, en los siguientes términos: 'La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí…'.

Nótese que en este artículo se establece un marco regulatorio equilibrado de las relaciones entre los órganos de gobierno, pues así como se habla de independencia y separación, se habla también de coordinación y cooperación, todos imprescindibles para un adecuado funcionamiento de la estatalidad subnacional y una eficaz y eficiente gestión de los siempre complejos asuntos públicos.

Para el nivel municipal, el art. 283 de la CPE, establece una división horizontal del poder burocrático de carácter dual, con un órgano legislativo encargado del ejercicio de las facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal (concejo municipal), y un órgano ejecutivo a la cabeza de un alcalde o alcaldesa, encargado de unas determinadas funciones a ser cumplidas mediante el ejercicio de las facultades ejecutiva y reglamentaria”.