DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2014

En el art. 150.15, la Carta Orgánica determina que el Concejo Municipal puede determinar el procesamiento del Ejecutivo Municipal por responsabilidad de la función pública, en ese marco, a través de la          DCP 0060/2014 de 06 de noviembre que refiere que: “El mismo articulado 33 en su numeral 15 señala como atribución del Concejo Municipal la de: 'Fiscalizar las labores de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su procesamiento interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabilidad ejecutiva y remitir obrados a la justicia ordinaria en los casos de responsabilidad civil o penal, constituyéndose en esta última situación en parte querellante'”, resultando esta disposición en la frase “…y, en su caso, disponer su procesamiento interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabilidad ejecutiva…” (sic), contraria al art. 213.I de la CPE, que dice: “La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”. En consecuencia, el Concejo Municipal no está facultado para sancionar a la máxima autoridad ejecutiva (MAE) debiendo la frase “y, en su caso, disponer su procesamiento interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabilidad ejecutiva”, del art. 150.15 ser expulsada de la Norma Básica.