DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2014

Sobre el particular, debe mencionarse al art. 241 de la CPE, que respecto a la participación y control social determina que: “El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales” (las negrillas son pertenecen).

Conforme a dichas normas, es la sociedad civil la que debe organizarse y ejercer el control social, sin que, por ende, pueda condicionarse su ejercicio a la existencia de registros por parte del Gobierno Autónomo Municipal, pues esta es una exigencia que no está prevista en la Constitución Política del Estado y tampoco en la Ley de Participación y Control Social, que es la Ley a la que se remite el art. 241.IV de la CPE; siendo la única obligación del Estado en todos sus niveles, generar espacios de participación y control social, más no establecer un registro de las organizaciones destinadas a tal fin, por cuanto ello iría contra la independencia y autonomía de la que debe estar revestido el control social. Asimismo, la otorgación de las personerías jurídicas son competencia del Gobierno Autónomo Departamental.