DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.

"Artículo tercero. Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal, quedará abrogado el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México publicado en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno', el veinte de marzo del año dos mil."

59. Audiencia de desahogo de pruebas de 17 de abril de 2007 (foja 447 vuelta y 468 del tomo CXXVI de la causa penal **********). Nota: Este tomo pertenecía a la causa penal **********, se identificó con el número XXXIX.

60. Audiencia de desahogo de pruebas de 24 de mayo de 2007. Delito: secuestro y ataques a las vías generales de comunicación y medios de transporte (foja 518, tomo XLII, de la causa penal **********).

61. Al respecto, destaca la importancia de los pronunciamientos realizados en las resoluciones de los juicios de amparo directo 9/2008, 10/2008 y 33/2008, resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

62. La razón que justifica la aplicación del principio de contradicción probatoria fue definido por esta Primera Sala, en los juicios de amparo referidos, en los siguientes términos.

La posibilidad del inculpado de controvertir las pruebas exhibidas por el órgano de la acusación en su contra es una garantía, plenamente exigible en sede jurisdiccional. La misma le asiste al inculpado durante todo el proceso y su protección puede hacerse valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 de la Constitución Federal, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los Jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 de la Carta Magna y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La oportunidad de alegar en contra de una probanza es lo que da al proceso penal el carácter de debido. Sólo cuando está condición es respetada es válido considerar que, tal como lo exige el artículo 14 de la Constitución Federal, la persona en cuestión fue privada de su derecho (la libertad) habiendo sido vencida y oída en juicio.

Así, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que un proceso penal respetuoso de la garantía de defensa del inculpado supone que la exposición de las hipótesis acusatorias debe poder ser refutada por la defensa (sugerencia de consulta doctrinaria: Ferrusola. Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantísmo penal. Editorial Trotta, página 610).

63. Tesis publicada en la página 407 del Tomo XXX, correspondiente a noviembre de 2009, Materias Constitucional, Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Precedente: "Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías."

64. Criterios consultables en las páginas 413 y 415 del Tomo XXX, correspondiente a noviembre de 2009, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Precedente de ambas tesis: "Amparo en revisión 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías."

65. El contenido del criterio es el siguiente: "Los citados elementos fueron establecidos por el legislador para tipificar una determinada conducta, en la que se requiere no sólo describir la acción punible, sino también un juicio de valor por parte del Juez sobre ciertos hechos, cuya acreditación se reduce a constatar la adecuación entre la situación fáctica, que se invoca como la que satisface el requisito contenido en dichos elementos, y el marco jurídico específico correspondiente. En tal sentido, cada vez que el tipo penal contenga una especial alusión a la antijuridicidad de la conducta descrita en él, implicará una específica referencia al mundo normativo, en el que se basa la juridicidad y antijuridicidad. En ese caso, la actividad del Juez no es, como en los elementos descriptivos u objetivos, meramente cognoscitiva, pues no se limita a establecer las pruebas del hecho que acrediten el mecanismo de subsunción en el tipo legal, sino que debe realizar una actividad valorativa a fin de comprobar la antijuridicidad de la conducta del sujeto activo del delito; sin embargo, esta actividad no debe realizarse desde el punto de vista subjetivo del Juez, sino con un criterio objetivo acorde con la normativa correspondiente y, por tanto, al hacer aquella valoración y apreciar los elementos normativos como presupuestos del injusto típico, el Juez no debe recurrir al uso de facultades discrecionales.". Tesis aislada publicada en la página 628 del Tomo XXIII, correspondiente a febrero de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Precedente: "Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N: Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz."

66. Así lo determinó esta Primera Sala en sesión de 18 de noviembre de 2009, al resolver la contradicción de tesis 269/2009, de la ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández.

67. Razonamiento que deriva de los criterios asumidos por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis siguientes:

"PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CESA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO. El Código Penal Federal es claro al fijar en su artículo 102 las reglas aplicables respecto al momento a partir del cual debe computarse el plazo de la prescripción, en atención a la categoría del delito y al establecer en la fracción IV del citado artículo que en los delitos permanentes tal cómputo iniciará desde la cesación de su consumación. Ahora bien, si se atiende, por un lado, a que conforme a la fracción II del artículo 7o. del ordenamiento legal mencionado, son delitos permanentes o continuos aquellos cuya consumación se prolonga en el tiempo y, por el otro, que por su naturaleza la 'libertad' es un bien jurídico que jamás queda agotado, ya que puede resistir la consumación de la conducta típica prolongada en el tiempo, resulta evidente que el delito de privación ilegal de la libertad es de resultado material y permanente en virtud de que se consuma en el momento en que se detiene ilegalmente a la víctima y dura todo el tiempo que esa detención se prolongue, es decir, a partir de que se impone a aquélla el impedimento físico de su libertad de tránsito y hasta que el bien jurídico se le reintegre plenamente (hasta que recupere la posibilidad de libre desplazamiento) y, por ende, éste será el momento a partir del cual resultará procedente iniciar el cómputo del plazo para que opere la prescripción.". Tesis 1a. XIX/2004. Consultable en la página 307 del Tomo XIX, correspondiente a marzo de 2004, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Precedente: "Recurso de apelación extraordinaria 1/2003. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. 5 de noviembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

"PLAGIO O SECUESTRO (ROBO DE INFANTE) NO CONFIGURADO (LEGISLACION DEL Estado de QUERÉTARO). El artículo 336, del Código Penal del Estado de Querétaro, prevé el delito de plagio o secuestro (conceptos que en esta materia denotan lo mismo), que consiste en términos generales, en la privación ilegal de la libertad, acompañada de móviles o medios peligrosos, que fundamentan el grave aumento de penalidad. La fracción V de dicha disposición contempla el robo de infante. El núcleo del tipo penal lo constituye el apoderamiento de un infante menor de siete años, por un extraño al mismo o por un familiar del infante, con el propósito: a) de obtener dinero por su rescate; b) o bien, de causarle un daño o perjuicio cualquiera en su persona, en sus bienes, en su reputación, etcétera, c) o bien, de causar iguales daños a una persona cualquiera que esté en relaciones de cualquier especie con el plagiado. Así, si el bien protegido con el delito de secuestro es la libertad externa de la persona, la libertad de obrar y moverse, por ende, el dolo o elemento psíquico consiste en la conciencia y voluntad del delincuente para privar ilegítimamente a alguno de la libertad personal, ya con el fin de pedir rescate o bien de causar daño en los términos anotados, y si no media ninguno de estos supuestos, no puede concluirse que se configure el cuerpo del delito de secuestro.". Visible en la página 174, Volúmenes 133-138, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación.

Precedente: "Amparo directo 5163/78. 3 de enero de 1980. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Mario G. Rebolledo F. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón."

"LIBERTAD PERSONAL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA. Comete el delito de privación ilegal de la libertad, aquel que sin orden de autoridad competente, siendo un particular y fuera de los casos previstos por la ley, arreste o detenga a otro en una cárcel privada o en otro lugar; por lo que no puede existir dicho delito, cuando de las constancias procesales no existe indicio alguno ni declaración de testigo, que arroje algún cargo en este sentido, en contra del quejoso.". Publicada en la página 538 del Tomo LXXX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación.

Precedente: "Amparo penal en revisión 779/44. 13 de abril de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

68. Cfr. Convención Internacional contra la toma de rehenes. Adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en la resolución 34/146, de 17 de diciembre de 1979 y abierta a la firma, ratificación y adhesión el 18 de diciembre de 1979.