DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0125/2015

Cabe aclarar que en el inc. a) del art. 30 del proyecto de Norma Básica, ya se ha incluido como instrumento legal a la Ley Municipal. Entre las características de la Ley, están entre otras: la generalidad; vale decir, regula para todos los habitantes y toda la jurisdicción; el ser dictada con carácter permanente, debiendo ser abrogada por otra norma de la misma jerarquía; ser abstracta e impersonal, por tanto no se emite para un caso concreto, etc., a las que de ninguna manera se ajusta una ordenanza, resolución u otro instrumento que será dictada para un caso en específico, en base a la decisión de la autoridad competente.

Entonces, la norma básica ha definido la naturaleza y alcances de la ordenanza en el art. 30.c con características que la equiparan a la Ley. Al haberse aprobado la facultad legislativa para las ETA, las normas generales ahora son las leyes municipales, así lo ha definido el art. 410.II.3 constitucional, precisando la jerarquía normativa, relegando por debajo de ellas en su numeral 4, a los decretos, resoluciones y otra normativa municipal en la que se encuentra la ordenanza municipal. Queda claro entonces, que no se puede equiparar una ordenanza con una ley, quedando por definir a los concejos municipales en sus normas básicas, la nomenclatura y los alcances de los instrumentos de gestión administrativa interna para tener claridad en su aplicación.

Si estas son ordenanzas, resoluciones, decretos municipales, u otras o si se va a utilizar todas, deben establecerse con exactitud sus alcances, su jerarquía y su órgano emisor para dar claridad y precisión, otorgando seguridad jurídica al momento de su aplicación, mientras esto no suceda se produce una confusión en la utilización indiscriminada de estos instrumentos, confundiéndolos al ser propuestos y tratados indistintamente por el ejecutivo municipal o por el Concejo, cuando en el nuevo modelo autonómico hay una independencia y separación de órganos art. 12.I constitucional, por lo cual las facultades legislativas y reglamentarias han sido separadas con claridad.