DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2016

El art. 6.II.3 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), estipula que: “Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva por su órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”.

En ese marco, la Norma Suprema contempla como uno de los cuatro tipos de autonomías a la municipal, estableciendo en su art. 283, que: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.

Por otra parte, en virtud de la reserva de ley establecida en el art. 241.IV de la CPE, el legislador nacional, sancionó la Ley de Participación y Control Social, teniendo dicha Ley como objeto el establecer el marco general, los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de ejercicio de la participación y control social; en ese marco, la mencionada Ley, en su art. 4.II establece los principios esenciales en los que se sustentan los derechos antes referidos −participación y control social−, puntualizando en el numeral 4 el de independencia y autonomía, principio a partir del cual la participación y control social adquieren la capacidad de decidir y actuar con libertad y sin depender de un mandato o autoridad.