DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2014

“1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso, los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales -con excepción de la autonomía regional- no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos. Así, en el caso de la autonomía departamental, la facultad legislativa es la potestad de la asamblea departamental para emitir leyes departamentales en el marco de sus competencias exclusivas y leyes de desarrollo departamental en el marco de sus competencias compartidas.

“1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso, los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales -con excepción de la autonomía regional- no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos. Así, en el caso de la autonomía departamental, la facultad legislativa es la potestad de la asamblea departamental para emitir leyes departamentales en el marco de sus competencias exclusivas y leyes de desarrollo departamental en el marco de sus competencias compartidas” (SCP 1714/2012).

En ese sentido se debe señalar que la facultad legislativa se extiende únicamente a las leyes y no a cualquier tipo de normativa, por lo que el artículo observado, deberá reconsiderar la naturaleza que señala para la facultad legislativa que alcanza a normas que no tienen rango de ley como las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales.

Finalmente, se observa innecesario mencionar a la facultad legislativa como una función “privativa”, pues recordemos que de acuerdo al art. 12.III de la LMAD, “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”, razón por la cual se sugiere omitir el adjetivo “privativo” que señala el artículo observado.

La facultad legislativa, no expresa exclusión o limita sobre las atribuciones administrativas que tiene el Concejo para emitir ordenanzas o resoluciones municipales, en este último caso con relación a su régimen interno. Dicho de otra manera, una cosa es la función legislativa propiamente dicha, y otra es la función normativa-administrativa en virtud de la cual, el Concejo  Municipal, en el ámbito de sus competencias como señala luego el art. 77.II del mismo proyecto, “Las normas emitidas por el Órgano Legislativo son: Leyes, Ordenanzas y Resoluciones Municipales”.