DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2018

Ahora bien, al respecto, el art. 269.I de la CPE, refiere que: “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos”, asimismo el art. 272 constitucional sostiene “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos , y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (negrillas añadidas), sobre la cualidad autonómica adjudicada a la entidad territorial y no a la unidad territorial, la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, entendió “…la autonomía no es una cualidad que se adjudica a la unidad territorial, sino a la entidad territorial; es decir, no es autónomo el territorio sino el gobierno que administra en esa jurisdicción territorial.

Por lo tanto, nos encontramos con dos tipos de estructura y organización, una netamente territorial y otra administrativa, y si bien la entidad territorial ejerce el poder público en una determinada jurisdicción, no siempre la entidad territorial coincide con una unidad territorial; por lo que la organización territorial no debe confundirse con la dimensión político-administrativa de esa organización, es decir, con la distribución territorial del poder público”.

Ahora bien, reformulada como fue el precepto que se analiza, corresponde sea sometido a control previo de constitucionalidad; en ese sentido, respecto a cultura y patrimonio cultural, el art. 302.I.16 de la CPE establece como competencia exclusiva del nivel municipal la “Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal”; por su parte el art. 272 constitucional dispone: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (las negrillas fueron agregadas).