DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2021
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2021

Fecha: 05-Ene-2021

Artículo 87. (PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

I.  El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Sara, promueve la integración, social, económica, política, deportiva y cultural de toda persona con discapacidad y garantiza el acceso de beneficios públicos, ejercicio de sus derechos en igualdad, respecto, independencia, autodeterminación, inclusión social; eliminando toda forma de discriminación.

2.    Las instituciones públicas, servicios privados y unidades educativas del municipio deban contar con recursos humanos capacitados, para la educación especial de personas con discapacidad, así como en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad auditiva y visual.

3.    Fortalecer a la Unidad Municipal de Atención a las personas con Discapacidad UMADIS, para el cumplimiento de sus objetivos orientados a coordinar y supervisar la defensa jurídica social de las personas con discapacidad, como así la prevención de la vulneración de los derechos y privilegios de los mismos.

1.    Prioriza el acceso de personas con discapacidad, a planes y programas de promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de la pobreza destinadas a eliminar la exclusión, discriminación y superar la marginalidad social de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, en el marco de sus competencias.  

5.    En el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y Ley General para Personas con Discapacidad, contará con unidades especializadas para la ejecución de planes, programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad.

IV. El gobierno municipal promueve todas las formas de auto organización de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar la defensa de sus derechos civiles, sociales, económicos y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de políticas públicas concernientes a su sector.