DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2021

Ahora bien, las regulaciones sujetas a estudio, incurren en la misma omisión advertida en los numerales precedentes, pues no establecen la coordinación con las NPIOC que pudieran existir en la jurisdicción territorial del municipio; por el contrario pretenden una coordinación con las organizaciones sociales del municipio, concepto que no corresponde a los verdaderos actores legitimados por la Constitución Política del Estado para la materialización de las referidas competencias, mandato que al ser soslayado por el estatuyente municipal se torna contrario al                      art. 302.I.38 y 41 de la misma Norma Suprema, en ese sentido se debe considerar que la prevision constitucional tiene por finalidad garantizar el ejercicio de los derechos de las NPIOC establecido en el art. 30.II.4 y 10 de la CPE, especialmente a su territorialidad, a vivir en un medio ambiente sano; aprovechamiento adecuado de sus ecosistemas y a la gestion de sus territorios.

Por los motivos expuestos es que el constituyente a momento de elaborar el Texto Constitucional dispuso que la materialización de las competencias previstas en el                     art. 302.I.6, 7, 38 y 41 de la CPE sean de forma coordinada con los pueblos indígena originario campesinos; para garantizar así la vigencia de sus derechos reconocidos en el art. 30.II de la Ley Fundamental.

En ese contexto, el Estado a través de todas sus instancias y niveles tiene el deber de garantizar, respetar y proteger los derechos de las NPIOC; por lo que, en lo posible y cuando corresponda y en el ámbito de sus competencias, cada instancia estatal que pretenda aplicar políticas, proyectos y otras medidas, susceptibles de afectar los derechos de estos grupos sociales como el medio ambiente, territorio y lugares sagrados por mencionar algunos, necesariamente debe coordinar acciones con las NPIOC.