DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2015

Es decir, sobre este punto en particular existe una orden expresa del constituyente que ha sido incumplida por el legislador estatuyente para regular sobre la materia, lo que impele a  este Tribunal a declarar la 'inconstitucionalidad por omisión', en atención a que la inactividad legislativa identificada afecta directamente: i) El ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas en vinculación con el funcionamiento del aparato público en todos sus niveles; y, ii) El funcionamiento eficaz y eficiente del aparato político y burocrático del gobierno de la ETA en cuestión.

Sobre este aspecto en concreto, la Constitución Política del Estado, en el artículo 299.II.14, señala que: “Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: Sistema de Control Gubernamental”; asimismo, el Texto Constitucional contiene las siguientes disposiciones: i) Art. 213.I: “La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”; ii) Art. 217.I: “La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo”; y,  iii) Art. 235: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: (…) Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública”.

Ahora bien, debe entenderse que el régimen de la responsabilidad de los servidores públicos se transversaliza a todos los sistemas de control gubernamental como el componente regulatorio de este aspecto específico del sistema en general, a cuya consecuencia se determinarán los indicios de los distintos tipos de responsabilidad y se aplicarán las sanciones o se iniciaran los procesos que correspondan a cada caso.

De ello se interpreta que se trata de una competencia concurrente, esto quiere decir, que la legislación en esta temática le corresponde al nivel central del Estado y la reglamentación y ejecución a las diferentes entidades territoriales autónomas, pero en el caso presente hace alusión a que el sistema de responsabilidad se enmarca en la normativa municipal vigente y la que creará para dicho efecto, contraviniendo a la CPE y a los fundamentos expuestos.