DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0101/2015

III.  El ejercicio del derecho a la acción de presión social para el logro del bien común, que genere conflicto social e inestabilidad del Gobierno Autónomo Municipal y/o de las organizaciones sociales, será el último recurso, habiéndose agotado el proceso de solicitud y reiteración, ante las instancias subalternas y superiores correspondientes” (las negrillas son nuestras).

Ambas disposiciones, están ligadas con derechos fundamentales, como ser el derecho a la libertad de expresión, derecho a la participación política, derecho al control y participación social; ya que su aplicabilidad se ve condicionada a ciertos momentos de probable conflictividad social, que podrían afectar la gobernabilidad de la ETA. Toda movilización social, contra cualquier tipo de autoridad, emerge fundamentalmente por la falta de atención o por la deficiente gestión de la autoridad, lo que genera una protesta social; ésta debe ser entendida como una forma de la libertad de expresión colectiva, en este matiz, el derecho a la libertad de expresión, no solo tiende a la realización personal de quien expresa, sino a la deliberación abierta y desinhibida sobre asuntos públicos, es un requisito indispensable para el funcionamiento de sociedades verdaderamente democráticas.

El art. 109.II de la CPE, dispone reserva de ley para la regulación de derechos y garantías, las disposiciones cuestionadas, justamente pretenden regular el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, por consiguiente, corresponde declarar la incompatibilidad con la Constitución Política del Estado, del art. 21.II y III del proyecto de la carta orgánica.