Sentencia Rol 53 - 2020

0000155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO realización de audiencias en materia penal y en que de ello pudiera derivarse una vulneración, per se, al derecho a defensa. El análisis y repercusiones del derecho a defensa y la prohibición de su interdicción tampoco es materia de controversia. Por el contrario, la impugnación está delimitada por la aplicación de una regla contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en tanto ésta exige, para suspender una audiencia o vista de la causa en un proceso penal regido por el Código de Procedimiento Penal o el Código Procesal Penal, que el impedimento para ejercer las facultades que otorga la ley respecto de personas privadas de libertad, sea absoluto. La regla establece dicho carácter absoluto, en armonía con lo que dispone el inciso primero del anotado artículo 9°, no cuestionado, pero indispensable para realizar el ejercicio interpretativo de la regla impugnada, al contextualizar la situación excepcionalísima en que se encuentra el país al momento de tener vigencia temporal la regla: estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Y dicho estado rige, declarado por el Presidente de la República y con vigencia cuando está siendo expedida esta sentencia, en razón de una pandemia que, en el plano jurídico-constitucional, demanda un análisis contextual de los derechos fundamentales que pueden, eventualmente y de ser necesarios, limitarse. III. ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA 4°. El presente voto, para razonar sobre la conformidad de la regla cuestionada con la Constitución, analizará a) el fenómeno sanitario que está experimentando Chile y el mundo entero al momento de ser discutido el presente conflicto constitucional, esto es, la pandemia de la enfermedad Covid-19, sus repercusiones en materia de salud pública y las decisiones que ha debido adoptar la autoridad sanitaria internacional y nacional a dicho respecto; b) las consecuencias que, en el ordenamiento jurídico, ha producido la pandemia, las eventuales restricciones a derechos fundamentales que puede traer aparejada y cómo ello se concilia, en el caso en examen, con la necesidad de que se siga prestando el servicio judicial con pleno respeto a las garantías de las personas que, en materia penal, enfrentan una acusación que pudiera significar una privación de su libertad; c) los efectos que genera la dictación del estado constitucional de catástrofe por calamidad pública, acto vigente al momento de ser presentada acusación contra el requirente, ser discutida la suspensión de la audiencia de juicio oral, ser analizada la admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad de estos autos, ser efectuada su vista, y pronunciada esta sentencia; d) a partir de la dictación de la Ley N° 21.226, y su contexto sanitario y jurídico, cómo ésta busca dar continuidad al servicio judicial en cumplimiento de las obligaciones que impone la Constitución al Poder Judicial; y, en fin, e) luego de plantear dicho marco, se afirmará que la regla cuestionada es conforme a la Carta Fundamental por cuanto, precisamente, posibilita que sea la judicatura con competencia en lo penal la que, a la luz de los antecedentes que se le 36