Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2020
Fecha: 25-Nov-2020
interpretarán de conformidad
En lo que respecta a la interpretación conforme y el principio de supremacía constitucional, la SCP 0572/2014 de 10 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: “Debe precisarse que el principio de constitucionalidad no solo alcanza al texto formal de la Constitución Política del Estado, sino también, a las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y, en ese entendido, la interpretación de las disposiciones legales no sólo debe considerar a la Ley Fundamental, sino también a las normas del bloque de constitucionalidad; consiguientemente, deberán considerarse las normas contenidas en pactos internacionales sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la SC 0110/2010-R de 10 de mayo.
En ese ámbito, debe hacerse mención a los arts. 13 y 256 de la CPE, que introducen dos principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales: la interpretación pro homine y la interpretación conforme a los Pactos internacionales sobre Derechos Humanos. En virtud a la primera, los jueces, tribunales y autoridades administrativas, tiene el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión-ya sea que esté contenida en la Constitución Política del Estado o en las normas del bloque de constitucionalidad-y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al derecho en cuestión; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad, interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la Norma Suprema; obligación que se extiende, además al contraste del derecho con la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco de lo señalado precedentemente, es evidente que al momento de aplicar las leyes, los jueces y tribunales tienen la obligación de analizar la compatibilidad de la disposición legal no sólo con la Constitución Política del Estado, sino también, como lo señala nuestra propia Constitución en los arts. 13 y 256 y lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a efectuar el control de convencionalidad, a efecto de determinar si esa disposición legal es compatible o no con los Convenios y Pactos internacionales sobre Derechos Humanos y con la interpretación que de ellas hubiera realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos…
En ese sentido, tanto el principio de constitucionalidad (art. 410 de la CPE) como el de convencionalidad (arts. 13.IV y 256 de la CPE) -que en mérito al bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410 de la CPE, queda inserto en el de constitucionalidad exigen- a las autoridades interpretar las normas desde y conforme a la Constitución Política del Estado y a las normas del bloque de constitucionalidad, precautelando el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, las cuales, conforme se ha visto, tienen una posición privilegiada en nuestro sistema constitucional.
Los jueces y tribunales, bajo esa perspectiva, en virtud a las características de imparcialidad, independencia y competencia, como elementos de la garantía del juez natural, son quienes deben efectuar un verdadero control de convencionalidad, garantizando el efectivo goce de los derechos y las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, como ya lo anotara la Corte Interamericana en los casos antes referidos” (el subrayado nos pertenece).
En criterio del precitado profesor, los destinatarios de esta cláusula constitucional son todos los intérpretes de las normas en materia de derechos humanos, sean autoridades o particulares. Esto implica que los jueces deben acudir a esta técnica de interpretación en todo caso relacionado con normas de derechos humanos en los asuntos de su competencia; los legisladores tendrán que adecuar la normativa existente utilizando este criterio y aplicarlo como parte de la técnica legislativa al emitir la norma; y todos los órganos de la administración pública deberán ajustar su actuación conforme a la pauta interpretativa de derechos humanos, especialmente cuando se trate de restricción de los mismos.
- acción de inconstitucionalidad abstracta
- I.1.1. Síntesis de la acción
- I.2. Admisión y citación
- a)
- I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- Ley 612 de 3 de diciembre de 2014, “Ley de modificación de la Ley 044 ‘Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público’, de 8 de octubre de 2010”
- ARTÍCULO 2.
- Artículo 39. (Suspensión Temporal en el Ejercicio de Funciones)
- Artículo 1.
- Artículo 8.
- I.
- II.
- Suspensión Temporal en el Ejercicio de Funciones
- III.1.
- con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado
- La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución
- debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma
- III.2. De los métodos de interpretación constitucional
- III.2.1. Interpretación teleológica
- iv)
- III.2.2. Pauta interpretativa: la voluntad del constituyente
- que conforme a los arts. 13.IV y 256 de la CPE, vinculados con el art. 410.II de la misma Norma, la voluntad del constituyente no puede ser considerada como la única pauta hermenéutica. Las referidas normas constitucionales proporcionan la posibilidad de que, en materia de derechos humanos la labor del máximo intérprete de la Constitución, se funde en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia
- relacionar diversos preceptos entre sí tomando en consideración que todos ellos forman un sistema normativo
- de acuerdo con una interpretación sistemática de la Constitución Política del Estado; es decir, no del entendimiento aislado de sus instituciones jurídicas
- III.2.4. Interpretación conforme a la Constitución Política del Estado
- lo que no guarda coherencia con la Constitución Política del Estado; y la otra, en una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado, entender que la ‘inmediatez’ a que se refiere este articulado, no significa la exclusión del debido proceso al que deben ser sometidos dichos funcionarios
- -razonamiento
- realizar el test de constitucionalidad en cuanto a las denuncias de inconstitucionalidad resueltas mediante sentencia constitucional expresa, así, en una interpretación conforme a la Constitución, el art. 107.5 de la LTCP
- [9]
- interpretarán de conformidad
- el Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de los dispositivos normativos contenidos en los arts. 410 y 13.IV de la CPE, en el ejercicio de su mandato constitucional consagrado en el art. 196 de la Norma Suprema, se encuentra facultado a aplicar el método de interpretación conforme, tanto en el ejercicio del control de constitucionalidad, así como en las acciones y recursos destinadas a precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías allí consagrados
- 1)
- herramienta hermenéutica
- cuál es el papel que cumple dicho principio como parte de la fundamentación jurídica de las sentencias constitucionales
- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
- Artículo 23 de la CPE
- 2)
- Fragmento 38
- ii) De la necesidad de la medida
- iii) De la proporcionalidad de la medida en sentido estricto
- c)
- proporcionalidad,
- que no se debe buscar la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción total de otro
- principio de proporcionalidad
- se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios de ellos.
- El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica
- Sus componentes son: i) Idoneidad consistente en considerar si la restricción de derechos es adecuada para lograr un fin constitucional; ii) Necesidad strictu sensu consistente en determinar si la restricción resulta simplemente necesaria y es la menos gravosa en términos del sacrificio de los otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido; y, iii) Proporcionalidad en sentido estricto que significa determinar si el grado en que se afecta un derecho fundamental se encuentra justificado por el fin perseguido
- juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida
- III.3. Marco Jurídico y consideraciones acerca del principio de independencia judicial e independencia de la Jurisdicción Constitucional
- (FORMA DE GOBIERNO).
- se sustenta en los principios de independencia
- (NATURALEZA Y FUNDAMENTO).
- la función judicial no está sometida a ningún otro órgano del poder público
- III.3.1. Estándares Internacionales sobre independencia judicial
- 4.
- 5.
- 17.
- 20.
- Artículo 3. Independencia judicial y medios de comunicación
- Artículo 4. Independencia interna
- d) Observación General 32 “Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”[28]
- e) Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial
- Aplicación
- por eso es que las Sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infra-constitucional vigente.
- Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno,
- un Poder Judicial e imparcial formado por jueces idóneos es la mejor garantía para la adecuada administración de justicia, en definitiva, para la defensa de los derechos humanos
- correspondería a los Estados miembros adoptar medidas, apropiar recursos y establecer programas encaminados a ese propósito y, de otra parte, que resulta altamente conveniente que la OEA promueva por los medios a su alcance y en coordinación y con el apoyo de los gobiernos y de entidades públicas y privadas, la formulación de planes o programas en este sentido.
- Un Poder Judicial respetable por su independencia e imparcialidad es una de las piedras angulares de la democracia, de suerte que toda iniciativa para respaldar y consolidar la democracia en el sistema interamericano debiera tener muy en cuenta el mejoramiento de dicho poder como elemento relevante de ser espíritu democrático
- La importancia del principio de independencia judicial
- Garantías reforzadas de autoridades judiciales
- Acerca de la suspensión de funciones
- Fragmento 72
- Sobre el juicio político
- principio democrático permea la Convención y, en general, el Sistema Interamericano, en el cual, la relación entre derechos humanos, democracia representativa y derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana.
- los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho
- El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención.
- la conexión inmediata entre el Estado –Constitucional– de Derecho y participación política, pues la base de todo régimen constitucional es la expresión de la voluntad ciudadana a través de los cauces legales previstos al efecto, y la ciudadanía, en cuanto a sujeto de derechos y obligaciones, sólo adquiere sentido en un orden democrático a través del ejercicio efectivo de la participación democrática
- Estado Constitucional Democrático de Derecho estructura sus bases en la vigencia y eficacia de los derechos y establece como fin principal la “…protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”
- III.3.4. Sobre la separación de los Órganos del Estado y su incidencia en el Juicio Político
- es el carácter objetivo y normativo del control jurisdiccional
- Constitución Política de 1826
- Constitución de 1831
- Constituciones de 1834
- Constitución de 1861
- Constitución de 1868
- la Constitución de 1871
- Constitución de 1878
- Constitución de 1945
- Constitución de 1947
- Constitución de 1967
- La Comisión “Legislativo”[52].
- Constitución Política del Estado aprobada en detalle
- la Constitución Política del Estado Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión
- III.4.3. Juzgamiento de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en el ordenamiento jurídico vigente
- su verdadera naturaleza de ser un proceso disciplinario
- el Órgano Legislativo, en cuanto a su función de control y fiscalización de otros órganos del Estado y las instituciones públicas
- control jurídico está a cargo de las diferentes jurisdicciones reconocidas en el país
- la función del juzgamiento de las Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y de la Fiscalía General del Estado, por hechos ilícitos cometidos en el ejercicio específico de sus funciones atribuida a la Asamblea Legislativa, es de naturaleza política y de carácter únicamente administrativo-disciplinario.
- Denuncia
- Etapa preparatoria
- iii)
- Deliberación sobre el Informe Preliminar
- Votación
- Desarrollo de la etapa preparatoria
- Consideración del Informe en Conclusiones.
- Debate de la Cámara de Diputados
- 11
- Procedimiento del juicio.
- Renuncia al cargo
- sentencia sancionatoria
- sentencia absolutoria
- Asamblea Constituyente a través de su Comisión de Justicia[63].
- 2. Forma de selección, elección
- la voluntad subjetiva del constituyente, en la etapa deliberativa de la Asamblea Constituyente, estuvo destinada a solucionar el problema que representaba la forma de selección y/o designación de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, así como de servidores judiciales de menor rango (vocales y jueces), hasta entonces vigente, a través de la implementación de algún método selección y/o designación que garantice la independencia e imparcialidad de los administradores de justicia, eliminando la politización
- a la selección de los ministros y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional respectivamente, así como del Fiscal General de la República, la Comisión recibió información en virtud de la cual estas designaciones continúan realizándose mediante procedimientos sin garantías de transparencia, y la reforma constitucional de 1994 sobre los dos tercios de voto no ha contribuido a eliminar esta situación
- aprobó en grande la Constitución Política del Estado
- causales de remoción
- cese de funciones
- Constitución Política del Estado de 22 de octubre de 2008
- causales de cese de funciones
- Preselección de candidatos y posterior elección de acuerdo a participación democrática directa
- d)
- organizará el
- Permanencia y cesación de funciones de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
- III.5.3. Naturaleza jurídica del ejercicio de las funciones jurisdiccionales que detentan las Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
- es posible establecer que el fin concreto de los preceptos contenidos en los arts. 182.I, 188.I, 194.I y 198, referidos a la elección por sufragio universal de las Altas Autoridades del Órgano Judicial –Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura– y Tribunal Constitucional Plurinacional
- el medio diseñado para garantizar la preciada consolidación de los principios de independencia judicial e imparcialidad de los administradores de justicia, es la elección por sufragio universal de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
- la naturaleza jurídica del ejercicio de funciones de las Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental
- i) Sentencia Constitucional Plurinacional 2055/2012 de 16 de octubre
- presunción de inocencia
- suspensión temporal
- la suspensión temporal de la autoridad o servidor público electo, por ende el alejamiento de sus funciones, lleva consigo una sanción sin previo proceso, contrario a lo previsto en el art. 117. I de la CPE,
- que la adopción de la medida preventiva de suspensión temporal por la presunta comisión de delitos respecto de servidores públicos con cargos electos, entre ellos
- la suspensión temporal del ejercicio de funciones de autoridades con cargos electivos se constituye en una sanción con directa afectación al ejercicio de los derechos políticos, como el derecho a ser elegido y a acceder a las funciones públicas para las cuales fue elegido, pues conforme enseña la doctrina del bloque de constitucionalidad dentro del contenido esencial de los derechos políticos, entre ellos el derecho a ser elegido en un cargo político, subyace como elemento esencial el derecho a ejercer en formal real en el cargo por el cual fue electo, por lo mismo, se constituye en un principio rector a ser observado por todos los ciudadanos
- la suspensión temporal emergente de la acusación formal por la comisión de delitos parte del desconocimiento de la presunción de inocencia
- la suspensión temporal como emergencia de la acusación formal constituye una sanción anticipada fundada en la presunción de culpabilidad, que no encuentra cobijo en el orden constitucional
- ii) Sentencia Constitucional Plurinacional 0137/2013 de 5 de febrero
- imparcialidad e independencia judicial
- responsabilidad disciplinaria en el Órgano Judicial y su génesis en la potestad administrativa sancionatoria
- el proceso administrativo sancionador, con génesis en la potestad administrativa sancionatoria, en un Estado Constitucional de derecho, encuentra un límite específico para su ejercicio: El respeto a los derechos fundamentales
- al debido proceso como límite del ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria
- al contenido esencial de la garantía del estado de inocencia
- la imputación formal como causal de suspensión funcionaria a la luz de la garantía del estado de inocencia
- contenido esencial del derecho a la vida digna y su irradiación
- la siguiente conclusión
- afectarán el derecho a la vida digna, en situaciones en las cuales se suspenda del ejercicio de funciones tanto a autoridades judiciales como personal de apoyo por una imputación formal, privándoseles del goce de haberes o el acceso a otra función pública o particular, supuesto en el cual, al margen de atentarse contra la garantía del estado de inocencia, se afectaría también el derecho a la vida digna
- contra autoridades cuyo mandato emerge de la voluntad colectiva en ejercicio de la democracia participativa representativa
- 3)
- 7)
- III.7.1. Del alcance y contenido de los derechos políticos según el corpus iuris en materia de derechos humanos
- Artículo 23. Derechos Políticos.
- Los derechos políticos
- el artículo 23 de la Convención no solo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término ‘oportunidades’. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos
- que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando ‘los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos
- III.7.2. Del contenido y alcance del debido proceso: Sus elementos presunción de inocencia, y juicio previo y debido
- La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo
- respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el
- principio de presunción de inocencia
- está garantizado por el art. 116 de la Norma Suprema, implicando definitivamente: ‘…un estado constitucional que parte de la buena fe, al considerar que toda persona es inocente entre tanto no exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada
- la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley
- juicio previo y debido
- La pena debe ser el resultado de una sentencia emitida por autoridad judicial
- ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado
- III.8.1. Consideraciones previas
- la Comisión de Admisión al admitir la acción realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad guiado necesariamente por el principio pro actione
- III.8.2.
- idoneidad
- (medio),
- (fin inmediato)
- no es posible asumir que la suspensión temporal de funciones se equipare a las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal
- el fin mediato
- procedimientos claros y criterios objetivos para
- Fragmento 174
- es posible advertir una justificación razonable y objetiva sobre la finalidad aludida medida previa constitutiva en la suspensión temporal prevista en la norma cuestionada; no advirtiéndose en qué medida los principios de independencia, imparcialidad y probidad consagrados en los arts. 178.I, 180.I y 232 de la CPE, podrían constituir una justificación suficiente y objetiva para la regulación de los derechos mencionados, en los términos propuestos por el Órgano emisor. P
- sobre la presunta vulneración de las normas constitucionales contenidas en los arts. 115.II, 116.I y 117.I de la CPE
- Fragmento 177
- Fragmento 178
- Fragmento 179
- Fragmento 180
- Fragmento 181
- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia,
- Esto significa que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva necesariamente una violación de dicha disposición.
- La Corte ha indicado que estas garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal
- concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias,
- Fragmento 186
- Fragmento 187
- presunta vulneración de las normas constitucionales previstas en los arts. 159.11, 160.6, 183.II, 188.III y 200
- ni suspenso
- por voluntad del constituyente boliviano, evidenciada incluso en la Constitución de 1967 y el proceso constituyente que dio vida a la Constitución de 2009, no está prevista la causal de cese de funciones como efecto de una medida de suspensión.
- Fragmento 191
- Sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades;
- la presunta vulneración de las normas constitucionales previstas en los arts. 12, 182.I, 188.I, 194.I y 198,
- Fragmento 194
- la naturaleza jurídica del ejercicio de funciones de las Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, descansa en la consolidación de la participación política del pueblo boliviano, a través del ejercicio de la democracia representativa, es decir, en su elección por voto universal, directo y secreto, configurándose, a su vez, en producto de la voluntad colectiva encaminada a garantizar la independencia de órganos del Estado e imparcialidad judicial, en virtud de lo cual, el procesamiento a las referidas autoridades, en todo momento deberá observar el cabal cumplimiento del procedimiento establecido al efecto y el aludido principio democrático, lo que impide la posibilidad de su directo procesamiento por parte de una instancia ajena a la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso si dichas autoridades hubieren concluido su periodo de funciones, de acuerdo a los plazos previstos por ley.
- existe una relación directa entre la dimensión objetiva de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad
- en caso de reconocerse su facultad sancionatoria a través de la figura de la suspensión “temporal” del ejercicio del cargo de las altas autoridades procesadas, sin la previa emisión de una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada a cargo de una instancia jurisdiccional, sin duda implicaría un quebrantamiento de la finalidad contenida en las normas previstas en los arts. 182.I, 188.I, 194.I y 198 de la CPE,
- en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento
- sobre la presunta vulneración de la norma constitucional prevista en el art. 26.I,
- Fragmento 200
- …el derecho a ser elegido en un cargo político, subyace como elemento esencial el derecho a ejercer en formal real en el cargo por el cual fue electo, por lo mismo, se constituye en un principio rector a ser observado por todos los ciudadanos”
- derecho contenido en el art. 23 de la CADH
- Tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento
- la sanción de destitución –aun cuando esta haya ocurrido por un período de un mes- constituyó una restricción a los derechos políticos tanto del funcionario democráticamente electo, que no pudo continuar ejerciendo su cargo, como una afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron, y en general afecta la dinámica del juego democrático al constituir una alteración de la voluntad de los electores”
- resulta contrario
- ordenará su restitución inmediata en el cargo de la alta autoridad…
- MAGISTRADA
- A tiempo de decretar acusación, la Cámara de Diputados suspenderá de sus funciones al encausado