DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0202/2015

Para el análisis de la redacción propuesta por el art. 39, es necesario citar el art. 28 de la CPE, que indica: “El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: 1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2. Por defraudación de recursos públicos; 3. Por traición a la patria”, de cuya lectura se constata que no ha sido contemplada la figura del pliego de cargo ejecutoriado como causal. Asimismo, haciendo abstracción del art. 157 de la CPE, que señala: “El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento”, se advierte la misma precisión observada anteriormente, de lo que se concluye que  la sentencia penal ejecutoriada por sí sola no es causal de pérdida de mandato o impedimento, sino, esta debe estar pendiente de cumplimiento, si ya fue cumplido el ciudadano queda habilitado o para candidatear o permanecer en el cargo electo. Lo contrario, daría lugar a que cualquier ciudadano que haya sido condenado y pretenda ser candidato o desempeñar funciones públicas, no podrá hacerlo pese a que su pena ya haya sido cumplida, estando proscrito por siempre. Por otro lado, no se contempla como cargo de pérdida de mandato, cesación o suspensión que habilite al ejercicio del suplente, al pliego de cargo, así éste se haya ejecutoriado.