DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2016

Con relación a la regulación sobre agroquímicos, debe tomarse en cuenta que de acuerdo al reparto de las competencias gubernamentales, efectuado por la Constitución entre todos los niveles de gobierno, el Estado central es responsable de implementar las políticas generales sobre sanidad e inocuidad agropecuaria, según se desprende de la competencia exclusiva, contenida en el art. 298.II.21 del texto constitucional; la misma competencia exclusiva es a su vez asignada al nivel de gobierno departamental, cuyo nivel de gobierno al tenor del art. 91.IV de la LMAD, tiene a su cargo la implantación y ejecución de planes, programas y proyectos de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, en el marco de las políticas, estrategias y normas definidas por la autoridad nacional, correspondiéndole al nivel municipal de gobierno, el ejercicio de una competencia exclusiva, parcelada en la esfera de la inocuidad alimentaria, así se desprende de lo prescrito por el art. 302.I.13 de la Norma Fundamental, cuando asigna a las entidades territoriales autónomas municipales, la potestad de controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal.

En el marco de la competencia exclusiva del nivel central para definir las políticas generales sobre sanidad e inocuidad agropecuaria, se ha puesto en vigencia la Ley 830 de 06 de septiembre de 2016 sobre sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, norma legal en el que se reconoce al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, la condición de autoridad nacional competente sobre la materia, instancia nacional de gobierno a cargo de reglamentar el decomiso, destrucción retorno o disposición final de producto y subproductos en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria; normar y registrar insumos agropecuarios y controlar el manejo, uso y comercialización a nivel nacional.