DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0070/2016

Por otra parte, corresponde señalar que el art. 271.I de la CPE, dispone que las normas institucionales básicas serán elaboradas conforme al procedimiento establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; sobre dicha norma la SCP 2055/2012, plasmó el siguiente razonamiento: “…la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado norma de manera primaria el pacto territorial constitucional al que se llegó en la Asamblea Constituyente, por lo que sus contenidos son referentes a la organización territorial, a las autonomías y descentralización, elementos que son integralmente relacionados entre sí; entendiéndose a la autonomía como un modelo de Estado que es transversal en las cinco partes que conforman la norma fundamental, por lo tanto, el mandato del art. 271 de la CPE, carece de un carácter interpretativo restrictivo, por lo mismo debe ser entendido como un mandato que establece unos contenidos mínimos para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”; en ese antecedente, el art. 142 de la LMAD, dispone que “La normativa de los gobiernos autónomos garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualesquiera sean las formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley” (las negrillas son propias).

El marco normativo glosado precedentemente, es claro al establecer que el ejercicio del control social es un derecho inherente a la sociedad civil organizada, razón por la que el mismo no puede constituir en un fin que pretende alcanzar un gobierno autónomo municipal, toda vez que corresponde a éste promover de manera efectiva el ejercicio de dicho derecho.