AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.

De manera preliminar, cabe destacar que de acuerdo con el Texto Constitucional vigente no se contempla mandato específico hacia el legislador de establecer un determinado tipo de sistema penal (ya sea acusatorio, inquisitivo o bien mixto). Por el contrario, lo que se establece en la Constitución vigente es una serie de principios mínimos que son neutrales respecto de una determinada clase de sistema procesal penal.

Entonces lo que se presenta por parte del Constituyente es el reconocimiento de la deferencia al legislador. Éste puede realizar una libre configuración normativa, cuyo límite material está dado por una norma superior (Constitución) que se limita tan sólo a enunciar los principios básicos que debe seguir el creador de la norma secundaria. Así, mientras dichos limites sean respetados, simplemente no resultará fundado que el órgano de control de constitucionalidad invalide una disposición normativa de grado inferior.

Esta concepción es compatible con lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del análisis de constitucionalidad a la luz del principio democrático y de división de poderes. Así, la Primera Sala ha sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, de rubro: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES." lo siguiente: "Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma".(150)