DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2019

La lucha contra la corrupción no sólo centra su atención en la represión de las conductas contrarias a los intereses y recursos públicos del Estado, sino también en la materialización de políticas de transparencia y prevención destinadas a encaminar el debido desempeño de las funciones públicas para una correcta administración de los bienes y recursos del Estado; con ese fin, se aprobó la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción-PNT, misma que se sustenta en cuatro ejes o áreas de acción preventiva y anticorrupción a saber: Eje 1: Fortalecimiento de la participación ciudadana; Eje 2: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información; Eje 3: Medidas para eliminar la corrupción; y, Eje 4: Mecanismos de fortalecimiento y coordinación interinstitucional.

En consecuencia, la Participación y Control Social prevista en el Título VI de la Constitución Política del Estado, responde a la Política Nacional de Transparencia enmarcada en la consigna de cero tolerancia a la corrupción y plena transparencia en el manejo de recursos y bienes del Estado; en esa línea, la Participación y Control Social se instituye como una instancia de participación activa de la sociedad en la Gestión Pública, que por medio de la sociedad civil organizada participa en el diseño de las políticas públicas en procura de una gestión eficiente y sobre todo con transparencia; es decir, el pueblo soberano a través de la sociedad civil organizada se constituye en un componente esencial en todo lo que significa la transparencia y lucha contra la corrupción.