DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2020

Con relación a la temática, la DCP 0064/2018 de 3 de agosto estableció que:“…el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva en recursos naturales estratégicos, ello implica que se constituye en el titular para asumir el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de dichos recursos naturales estratégicos en concordancia con el mandato constitucional del art. 351; por consiguiente, ningún gobierno autónomo puede arrogarse dicha competencia sobre recursos naturales estratégicos que incumbe los recursos renovables y no renovables del suelo y subsuelo…” (las negrillas fueron agregadas).

Sin embargo de ello, las ETA municipales también cuentan con participación sobre los recursos naturales, pudiendo contribuir, conservar y preservar los mismos; sumándole a ello, la exclusividad sobre los áridos y agregados; así como la participación en empresas de industrialización, distribución y comercialización de los hidrocarburos (art. 302.I.43 de la CPE), pudiendo constituir empresas públicas municipales que bien pueden estar dirigidas a la explotación y administración de los áridos y agregados.

Al respecto, el art. 348.II de la CPE, prevé que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país; en esa medida el art. 298.II.4 constitucional señala que los recursos naturales estratégicos comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua, disponiendo además que los mismos son de competencia del nivel central del Estado. A ello cabe señalar que el gobierno central cuenta con la competencia privativa en creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado (art. 298.I.12 de la CPE), resultando que, por su carácter estratégico le corresponde tener la exclusividad competencial al nivel central del Estado, pudiendo crear administrar y controlar empresas públicas estratégicas a través de su competencia privativa; pudiendo los gobiernos autónomos municipales -conforme el art. 302.I.41 de la Norma Suprema- participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en su territorio en asociación con entidades nacionales del sector.