DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2020

En razón a las consideraciones señaladas y siguiendo lo ya establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en lo referente a la regulación de la participación ciudadana y control social por parte de las entidades territoriales, la DCP 0059/2014 de 6 de noviembre, indicó que: “Se debe señalar que la COM únicamente puede establecer los espacios y mecanismos que garanticen el ejercicio de la participación y control social por parte de la sociedad civil organizada, en armonía con el mandato del art. 241.VI de la CPE, no pudiendo regular otras cuestiones que han sido expresamente asignadas al legislador nacional, tal es el caso de los derechos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones de los actores de la participación y control social”. Así como en un caso similar, la  DCP 0098/2018 declaró la incompatibilidad de similar texto, precisando que “…los habitantes del municipio tienen el deber de participar en el diseño, elaboración, seguimiento y ejercicio del control social; no obstante, la imposición de este deber no puede ser establecida por la ETA, debido a que la misma carece de atribuciones para regular sobre el control social el cual tiene la característica de ser independiente respecto a la administración pública como se señaló anteriormente, (…) además de ello, debe considerarse que la regulación al ejercicio del control social corresponde a una Ley del nivel central del Estado, por lo que ésta Carga Orgánica no puede establecer regulaciones sobre el ejercicio de dicho derecho, aspecto que así se denota con la imposición de deberes para su ejercicio” (negrillas adicionadas).