DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2016

Con referencia a la asignación competencial, la DCP 0155/2015, siguiendo la línea establecida por la DCP 0008/2013^[23] estableció que solo se reconocen dos fuentes de asignación competencial, la Constitución Política del Estado como fuente originaria y la ley emanada del nivel central del Estado, como una fuente accesoria, en ese sentido, pretender que la Carta Orgánica se constituya en una fuente de asignación competencial altera el diseño autonómico boliviano.

[23] De esta manera, considerando la dinámica del funcionamiento estatal y las necesidades del proceso de implementación de la autonomía, el orden competencial responde a tres elementos centrales de análisis: a) Una asignación competencial primaria o fundamental, que estaría conformada por las listas atribuidas por la Constitución Política del Estado a cada nivel de gobierno; b) Otra secundaria que, tratándose de competencias no previstas en el catálogo primario, se reputan automáticamente a favor del nivel central el cual en aplicación de la cláusula residual, debe reasignarlas mediante ley, siempre en observancia del principio de subsidiariedad y conforme a los arts. 297.I de la CPE y 72 de LMAD; y, c) Un proceso de movilidad competencial que si bien no implica un proceso de asignación o reasignación propiamente dicho, significa un cierto nivel de movimiento en las facultades competenciales, bajo dos hipótesis básicas: 1) En lo referente a las competencias exclusivas, en las cuales el titular puede delegar o transferir las facultades reglamentaria y ejecutiva; y, 2) Cuando se produzca un proceso de transferencia total o parcial, el ente receptor podrá, a su vez, delegar total o parcialmente las facultades recibidas vía transferencia. (Declaración Constitucional Plurinacional 0008/2013 de 27 de junio)