DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2018

Sobre la primera parte de este artículo, se tiene que el estatuyente municipal pretende prever que se evite que los adultos mayores sean víctimas de desalojo, expropiación o cualquier otra acción que atente contra su derecho, aspecto que se adecúa al derecho a la propiedad establecido en el art. 56.I y II de la CPE, el cual manda: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”; por otra parte debe considerarse que conforme al art. 302.I.39 de la CPE, los gobiernos autónomos municipales tienen competencia exclusiva en “Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad”.

A esto corresponde añadir que el art. 67.I de la Norma Suprema, señala que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”; por su parte el art. 68.I de la CPE es claro al establecer que: “El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades”.