DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2015

La Constitución Política del Estado, impone al aparato público estatal, en todos sus niveles territoriales, el deber de establecer espacios de participación y control social, lo que implica, el reconocimiento a los entes y órganos que la propia sociedad civil organizada establezca de manera independiente. Esto quiere decir, que ninguna entidad estatal, territorial o funcional, podrá extralimitarse en el cumplimiento de este mandato, pues deberá respetar la independencia y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de sus propias estructuras de participación en los procesos decisorios para la definición de políticas y acciones públicas y en el control a la legalidad y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos públicos.

En este contexto, si bien se entiende que los actores de la participación y control social están facultados para realizar acciones dirigidas a promover la protección del medio ambiente; empero, no les corresponde al deliberante de Ravelo, el imponerles una obligación, siendo su deber el establecer espacios para que dicho ejercicio sea efectivizado.