DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0186/2015

Sobre dicha previsión, corresponde señalar que el ordenamiento territorial, es uno de los componentes fundamentales de la planificación del desarrollo sostenible, que tiene por objeto organizar el uso y la ocupación del territorio, atendiendo sus potencialidades biofísicas, socio económicas y político-institucionales, proceso que por tratarse de espacios geográficos que no necesariamente responden a la organización político administrativa del país, debe realizarse de manera participativa entre todos los niveles de gobierno y de forma íntegra, concurrente y precautoria, dado que de ello dependerá la formulación e implementación de políticas de uso y ocupación del territorio a nivel nacional, con la consiguiente inversión pública y/o privada, para la organización de asentamientos humanos, provisión de servicios públicos y otros.

El art. 407.9 de la CPE, señala que entre los objetivos de la política de desarrollo rural se encuentra la creación de bancos de semillas; ahora bien, según el art. 405 de la citada Norma Suprema, la política de desarrollo rural forma parte de la política económica, la que en virtud del art. 298.I.22 constituye una competencia privativa del nivel central del Estado.

Atendiendo a que el nivel centra del Estado es el titular de la facultad legislativa respecto a la competencia privativa sobre política económica, de la que es parte la política de desarrollo rural, el legislador nacional ha sancionado la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de 26 de junio de 2011, cuyo art. 13 señala que la política de fortalecimiento de la base productiva, tiene como objeto, entre otros, la conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de semillas, puntualizando en el numeral 3 de dicho artículo que la creación de bancos de semillas o centros de acopio para la conservación de semillas, así como para su recuperación.