FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

La orden para desalojar el centro histórico fue emitida por un agente del Ministerio Público dentro de una averiguación previa, con el objeto de impedir que se siguieran presentando hechos probablemente constitutivos de los delitos de daños en propiedad y en el patrimonio cultural. Cabe precisar que la orden de que se trata se emitió con fundamento, entre otros, en el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca conforme al cual el Ministerio Público debe dictar las providencias que estime necesarias a efecto de "evitar que el delito se siga cometiendo". En este sentido, puede válidamente afirmarse que la orden de que se trata fue legítima, toda vez que se emitió con la intención de lograr un objetivo constitucionalmente admisible.

Por otra parte, previamente a examinar el uso de la fuerza pública en la ejecución de dicha orden, resulta necesario recordar que el conflicto magisterial formalmente inició el primero de mayo de dos mil seis, cuando se presentó el "Pliego General de demandas de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación". A partir de esta fecha se hicieron diversos planteamientos, sin embargo, el más trascendente fue el consistente en la rezonificación de los maestros para que se les incorporara a la zona económica III debido al incremento del costo de la vida en el Estado de Oaxaca. El Gobierno del Estado expresó que no podía cumplir con la exigencia de que se trata, pues no contaba con los recursos económicos necesarios y, además, se trataba de una cuestión de competencia federal. No obstante, ofreció aplicar sesenta millones de pesos para incrementar prestaciones, ofrecimiento que fue calificado de "insuficiente" por el magisterio.

El ocho de junio de dos mil seis la Sección XXII pidió al secretario de Gobernación que interviniera en el conflicto y el once siguiente el gobernador del Estado solicitó a la Legislatura Local que presentara ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una excitativa para que la Federación atendiera el problema de la rezonificación. De estas peticiones no consta una respuesta formal, de lo que se sigue que las negociaciones correspondientes no podían considerarse concluidas.

Ahora bien, debe decirse que aun cuando dicho operativo fue ordenado por un agente del Ministerio Público, sin embargo, según se vio, en el oficio que la Secretaría de Protección Ciudadana remitió al director general de Seguridad Pública se expresó de manera destacada que el operativo debía practicarse siempre y cuando las circunstancias de hecho lo permitieran. Aun así, se llevó a cabo al día siguiente de su emisión, esto es, en la madrugada del catorce de junio, lo que implica que el mencionado director no valoró debidamente tales circunstancias, lo que se demuestra con el hecho de que la policía fue ampliamente superada y no se logró el objetivo que se pretendía alcanzar con el operativo.

El uso de la fuerza pública debe estar precedido por acciones o medidas pacíficas que no hayan resultado exitosas. En este sentido, si la Federación aún no se incorporaba plenamente a las negociaciones y no había emitido pronunciamiento alguno en relación con la rezonificación (que en ese momento era la razón fundamental por la que los maestros y otras organizaciones sociales se encontraban en plantón permanente en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca), es de estimarse que el uso de la fuerza pública fue precipitado. Aunado a lo anterior, la situación fáctica que era conocida por las autoridades locales revela que en el centro histórico se encontraban personas pertenecientes al magisterio provenientes de toda la entidad que estaban instalados y pernoctando en el campamento, es decir, había mujeres y niños que permanentemente se ubicaban en éste, pues no debe olvidarse que aun cuando el movimiento estaba encabezado por algunos líderes, lo cierto es que se trató de una manifestación popular. En este sentido, incluso cuando el gobernador informó a algunos medios de comunicación que se practicaría un desalojo (comunicación que tuvo lugar pocas horas antes de que se llevara a cabo), lo cierto es que en su ejecución no se tomaron las medidas pertinentes a efecto de que no únicamente los líderes del movimiento, sino la gente que estaba en los campamentos tuviera conocimiento oportuno de que debían abandonar el centro. Ello, con la finalidad de minimizar el riesgo de daños a la integridad física tanto de adultos como de menores.

El aserto anterior, relativo a que el uso de la fuerza pública fue carente de estrategia, y no se planeó adecuadamente, se corrobora con el hecho de que el objetivo que se pretendía lograr con el operativo que se analiza (consistente en desalojar el centro histórico y eliminar los campamentos que se hubieren instalado) no se alcanzó, por el contrario, según quedó anotado, después del desalojo se agudizó el problema, los actos de violencia se incrementaron y, además, la ocupación del centro histórico y de vialidades aledañas aumentó al grado de que se establecieron las llamadas "barricadas". Lo anterior determina que el uso de la fuerza pública no fue eficiente, máxime que con motivo de su ejecución hubo un número importante de lesionados tanto de elementos de la policía como de civiles, sin que se lograra el fin buscado.

Al respecto, es importante mencionar que en el caso particular la falta de eficiencia en el operativo denota que su preparación y oportunidad no fueron idóneas, esto es, que no se analizó detenidamente el número de manifestantes a desalojar y las reacciones que éstos podrían tener, así como el momento adecuado para llevarlo a cabo con la finalidad de minimizar los riesgos. Se afirma lo anterior, toda vez que de lo narrado se aprecia que hubo un momento del operativo en el que se acabó el equipo y el número de policías era mucho menor al de manifestantes, a grado tal que tuvo que pedirse apoyo de las Policías Ministerial y Auxiliar y emplearse un helicóptero no con la finalidad de cumplir con el desalojo, sino con la intención de lograr que aquéllos pudieran retirarse del centro, cuestión que no lograron cabalmente, pues los manifestantes retuvieron a diversos policías. Esto determina que la planeación no fue adecuada, pues no se consideró que la fuerza pública podía ser ampliamente superada al grado de que se frustrara el operativo a pesar de que se conocía la magnitud del plantón. Además, desde el punto de vista de la estrategia empleada se advierten errores, toda vez que los manifestantes se fueron replegando al inicio del operativo, de manera tal que los policías lograron llegar al centro de la ciudad lugar en el que fueron cercados por los inconformes. Sobre el particular, cabe destacar que en la planeación no únicamente deben incluirse medidas para evitar daños innecesarios a las personas en contra de las que se dirige la fuerza pública, sino también aquellas tendentes a evitar que la integridad de los policías se comprometa de manera innecesaria, aspectos que al parecer no se tomaron en cuenta en el operativo que se analiza.

La planeación de un operativo en el que se deba emplear la fuerza pública necesariamente debe ser producto de un análisis que permita garantizar, en la medida de lo posible, el éxito del mismo. Para ello, lógicamente se requiere que los policías cuenten con los conocimientos y la preparación necesaria que aseguren en la mayor medida que se alcanzará el objetivo que se busca, pues no puede válidamente implementarse un operativo sin que se tenga conocimiento cabal de las situaciones que habrán de enfrentarse. En el caso, es claro que no se examinó adecuadamente la situación de hecho que prevalecía, pues de lo contrario es claro que, por lo menos, se hubiera empleado un mayor número de efectivos en el operativo con el objeto de evitar ser superados por los manifestantes.

Por otra parte, aun cuando el fin del operativo fue constitucionalmente válido (en tanto que pretendía terminar con una situación fáctica que, entre otras cuestiones, implicaba la continuación de conductas probablemente constitutivas de delito así calificadas por la representación social), la evidencia comprueba que la situación que prevaleció con posterioridad acrecentó el nivel de violencia y dio lugar a la exigencia de los manifestantes consistente en que para poder negociar era necesario que el gobernador del Estado dejara el cargo. Siendo así, es claro que el estado de cosas lejos de mejorar se agravó después del operativo, lo que es indicativo de que éste no resultó adecuado y necesario para el fin buscado, al menos en la forma en la que fue ejecutado. Por el contrario, el operativo de que se trata constituyó un hecho que complicó las negociaciones e intensificó la inconformidad de los manifestantes.

Ahora bien, aun cuando el operativo de desalojo de vialidades fue ordenado por un agente del Ministerio Público dentro de una averiguación previa, lo cierto es que tal desalojo fue practicado por autoridades que dependen del titular del Ejecutivo Local. Además, de las pruebas que obran en el expediente a las que se ha hecho alusión con anterioridad, se aprecia que fue el propio gobernador el que, de su puño y letra, suscribió los oficios que remitió a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública Federales solicitándoles el apoyo de las fuerzas federales para llevar a cabo el mencionado desalojo. Esto determina que el gobernador decidió ejecutar la orden del agente de la representación social precisamente el catorce de junio. Al respecto, debe decirse que la forma en la que procedió el gobernador faltó estrategia. En efecto, no puede estimarse acertado que se ordene la ejecución de un operativo si no se cuenta con datos fiables sobre las características del movimiento al que se pretende enfrentar, el número de personas que intervienen, su capacidad de reacción y organización, el apoyo popular con el que cuenta y el armamento que, en su caso, pueden emplear las personas que lo conforman.

En el caso, fue notorio que el operativo se implementó sin tener conocimiento de los aspectos antes mencionados, lo que se corrobora con el hecho de que los policías fueron cercados por los manifestantes sin que lograran desalojar las vialidades. Incluso, tuvieron que solicitar el apoyo de diversas corporaciones policíacas y de un helicóptero con el objeto de poder salir del primer cuadro, ante la incapacidad de enfrentar a los inconformes.

Aunado a lo anterior, el titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ante la respuesta que la Secretaría de Gobernación le dio respecto de la petición que formuló en el sentido de que le fueran enviadas fuerzas federales para llevar a cabo el desalojo, y que consistió en que previamente a enviar tales fuerzas debían reunirse con la finalidad de analizar los elementos que permitieran una adecuada intervención de éstas, lo lógico y razonable hubiera sido que no se ejecutara el operativo de que se trata, máxime si se desconocían las características del movimiento y la capacidad de respuesta que pudieran tener los manifestantes. Cabe precisar que el hecho de que el gobernador hubiera solicitado el apoyo de las fuerzas federales para llevar a cabo el mencionado operativo permite suponer fundadamente que resultaba previsible que la policía local podía ser desbordada por el movimiento magisterial, lo que finalmente sucedió. Si esta circunstancia no hubiere resultado previsible no se explica la razón por la cual el titular del Ejecutivo Local solicitó el auxilio de las fuerzas federales.

Es importante apuntar aquí que la forma con la que procedió el gobernador del Estado de Oaxaca no únicamente tuvo como consecuencia que el conflicto se agravara, sino que también fue desconocido como interlocutor por los inconformes, lo que provocó que quedara fuera de las negociaciones tendentes a resolver un problema que inició siendo local y que, en consecuencia, debió atender prudentemente.