FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

"7. La Secretaría de Gobernación es parte del conflicto y su papel no puede reducirse al de simple mediación ..." (carpeta 465, anexo 2, página 40).

Asimismo, la sección XXII en la asamblea estatal de veinticinco de agosto aceptó la mesa de diálogo propuesta por la indicada Secretaría de Estado, pero sin la presencia de autoridades estatales, precisando que la salida del gobernador no era negociable (carpeta 463, anexo 1, página 115, obtenido de la página electrónica de esa organización sindical http://www.seccion22snte.org.mx).

Ante este panorama, el veintinueve de agosto de dos mil seis, formalmente inició la tercera etapa en este proceso, en el que la Secretaría de Gobernación asumió un papel activo de parte negociadora. En esta fecha, hubo una reunión preliminar entre integrantes de la sección XXII y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, con *SUJETO 1*, entonces secretario de Gobernación.

En la asamblea estatal de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del día treinta de ese mes, esa organización acordó dialogar al día siguiente con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, determinando que acudirían a la Ciudad de México siete integrantes de su comisión política y siete de la Comisión Negociadora Ampliada; también determinó incluir como coadyuvantes del proceso de diálogo al obispo *SUJETO 26* y a *SUJETO 27*, ambos de la organización denominada servicios para la paz (Serapaz) [carpeta 463, anexo 1, página 119, obtenido de la página electrónica de esa organización sindical http://www.seccion22snte.org.mx].

A partir del treinta y uno de agosto de dos mil seis, se realizaron diversas reuniones presididas por el titular de la Secretaría de Gobernación, las cuales se caracterizaron por la exigencia de los inconformes de la dimisión del gobernador para continuar con el diálogo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación exhortó a los manifestantes para asumir una actitud responsable evitando actos que atentaran contra la legalidad y las instituciones. Las reuniones documentadas, en términos de las minutas proporcionadas por dicha dependencia, se distinguieron por lo siguiente:

El treinta y uno de agosto de dos mil seis, participaron diversas autoridades de la Secretaría de Gobernación, integrantes de los grupos inconformes, un representante de la Secretaría de Educación Pública y una persona por servicios y asesoría para la paz (Serapaz). En esta reunión destacó que el secretario de Gobernación señaló que el Gobierno del Estado había tomado acciones para distender el conflicto, citando como ejemplos la liberación de detenidos, el pago de salarios y la destitución de funcionarios. Por otra parte, el secretario de Gobernación reiteró su propuesta de enviar una "fuerza de paz" (cascos azules) al Estado para reforzar las medidas de seguridad en la población como medida de distención, propuesta que fue rechazada argumentando que "el hecho sería considerado un agravio al pueblo" y que "en lugar de calmar los ánimos, los agravaría", según consta en la relatoría proporcionada por la Secretaría de Gobernación en copias certificadas (carpeta 350, anexo 26, páginas 166 a 171).

El dos y tres de septiembre de dos mil seis los manifestantes acordaron continuar el diálogo con la Secretaría de Gobernación adoptando algunas medidas de distención las que consistieron en desbloquear algunas vialidades y no tomar la caseta de cobro de la carretera federal ciento noventa y el aeropuerto, pero determinaron que debían mantener el diálogo sin negociar. Los hechos anteriores se desprenden de los documentos allegados por miembros de la sección XXII del magisterio (carpeta 463, anexo 1, página 123 y carpeta 465, anexo 3, páginas 57 y 58, obtenido de la página electrónica de la Sección XXII del SNTE http://www.seccion22snte.org.mx).

El cuatro de septiembre en diversa reunión, el secretario de Gobernación se comprometió a revisar la lista de las órdenes de aprehensión y, en su caso, proceder a su archivo. Nuevamente insistió en el envío de una fuerza de paz denominada "cascos azules" como una de las acciones concretas para atender el conflicto, según consta en el legajo de copias certificadas remitidas por esa dependencia (carpeta 350, anexo 27, páginas 175 a 180).

El siete de septiembre la Secretaría de Gobernación ofreció: ciento veinte millones para la rezonificación, ocho mil horas clase, entre otras prestaciones, circunstancia que se acredita de las documentales remitidas en copias certificadas por esa dependencia (carpeta 350, anexo 28, páginas 181 y 182); propuesta que fue rechazada el trece de septiembre siguiente por la asamblea estatal de la sección XXII, en términos de la documentación que los mismos allegaron (carpeta 463, anexo 1, página 133).

La reunión de catorce de septiembre se distinguió por la manifestación del titular de la secretaría respecto de la existencia de más de quinientas solicitudes de la sociedad oaxaqueña pidiendo la intervención del Gobierno Federal dada su inconformidad con las acciones de los manifestantes, asimismo, se advierte que como resultado de los acuerdos asumidos, a petición de los inconformes y "para evitar actos de inseguridad" se creó una "mesa de incidentes"; por su parte, los inconformes se comprometieron a entregar los vehículos federales en su poder y a retirar sólo algunas barricadas, ya que continuaba el temor, sobre todo en las noches, dadas las agresiones por otras organizaciones (carpeta 350, anexo 29, páginas 185 a 193).

Al no encontrar respuesta a los exhortos que mediante decretos y acuerdos realizó el Congreso del Estado, mediante Decreto 313 de catorce de septiembre, en términos del artículo 119 de la Constitución, excitó a los Poderes de la Unión a prestar protección al Estado, ante la situación de trastorno interior, señaló que "la protección que se pide está principalmente dirigida al ciudadano presidente de la República, en el sentido de acatar su deber constitucional de auxiliar al Estado de Oaxaca, mediante la presencia de las fuerzas federales, a fin de restablecer la paz social, el orden público, evitar actos vandálicos y dar protección a los ciudadanos en general", documento que fue entregado a la presidencia de la República el dieciocho de septiembre siguiente, circunstancia que se acredita con la copia certificada del oficio 370 dirigido al presidente de la República con transcripción de dicho documento, en cuya parte superior derecha consta el sello de recepción por esa dependencia (carpeta 351, anexo 57, páginas 416 y 417). Corroboran lo anterior las deposiciones de diversos diputados locales, uno de ellos, refiere que habían esperado en vista de las negociaciones, pero al ver que se estancaron, que vivían secuestrados, que habían sido rebasadas las fuerzas policíacas estatales y que ya no había seguridad en la capital del Estado optaron por esta petición, sin que fuese atendida sino hasta después de un mes y medio (tomo II del expediente principal, foja 122).

En otro aspecto, atento a lo acordado el catorce de septiembre de dos mil seis con la Secretaría de Gobernación, el diecinueve de septiembre se creó la "mesa de incidentes", integrada por la Fiscalía Especial para Atención de Asuntos Magisteriales, por dos representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dos de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dos representantes de la Secretaría de Gobernación y como observadores dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El objetivo sería coadyuvar en generar las condiciones para que la referida fiscalía salvaguardara la integridad física y el patrimonio de las personas con motivo de la comisión de delitos del orden local, así como garantizar su seguridad y libertad, mediante la prevención, investigación y persecución de los mismos.

En términos de las tarjetas informativas generadas con el funcionamiento de la "mesa de incidentes" se sabe que estuvo funcionando para el conocimiento de algunos hechos presuntamente delictivos que le eran reportados, incluso, en algunas ocasiones participó como mediadora, disuadiendo algunas acciones anunciadas por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Lo anterior se corrobora con la documentación proporcionada en copia fotostática certificada por la Secretaría de Gobernación (carpeta 350, anexo 30, páginas 194 a 214).

El veinte de septiembre se verificó otra reunión, conforme a la relatoría presentada en copia certificada por la Secretaría de Gobernación, en la que se insistió en el cumplimiento de los compromisos asumidos, resaltando que la mesa de incidencias no había sido legitimada por el movimiento, lo cual era necesario para que los grupos se integraran e iniciaran la seguridad, además, a esa fecha aún continuaban diecinueve autobuses de propiedad federal en poder de los inconformes que eran usados para las barricadas. El secretario de Gobernación subrayó: "la sociedad no puede estar mirándonos platicar, sin que suceda nada" (carpeta 350, anexo 31, páginas 215 a 220).

El cuatro de octubre se dio un nuevo intento de conciliación social. Así, de la copia certificada de la relatoría de la reunión verificada con el secretario de Gobernación, se aprecia que el gobernador del Estado y diversos sectores de la población, entre los que se cuentan el sector campesino, indígena, empresarial, social, senadores y medios de comunicación, se desprende que tuvo por objetivo establecer las condiciones para que regresaran la paz y el orden a la ciudad de Oaxaca y el compromiso para construir la reforma del Estado en Oaxaca. De dicho documento destacó el reclamo reiterado de una solución a la situación imperante en la entidad. Entre las conclusiones acordadas, se aprobó una mesa de trabajo con objeto de redactar el Pacto por la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo en Oaxaca, suscrito el ocho de octubre siguiente (carpeta 351, anexos 49 y 50, páginas 335 a 361).

En la reunión de cinco de octubre los manifestantes reconocieron que existían procesos internos dentro de la organización que eran "complejos" y la existencia de grupos incorporados con objetivos diferentes. El secretario se comprometió al cambio en los mandos de las Policías Estatal, Municipal y Ministerial de la entidad, a la revisión de los expedientes relacionados con los homicidios de la movilización popular y las órdenes de aprehensión en contra de sus dirigentes y miembros derivadas del movimiento actual e instó a resolver el tema de seguridad en el Estado, además, propuso que fuera entregada la ciudad a la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de que la autoridad local no podía garantizar la seguridad ciudadana, la cual se traduciría en "cancelar barricadas, entrega de las estaciones de radio, vehículos de transporte y todo lo que es propiedad privada, a cambio de que la Policía Federal garantice la seguridad de la ciudad". Respecto de este último punto se pidió la respuesta por escrito para su valoración en asamblea; por lo tanto, la propuesta se formalizó a través del oficio SG/200/171/2006, de la misma fecha dirigido y entregado a los inconformes, según consta en la parte superior izquierda de dicho documento en donde se aprecia la recepción, nombre y firma ilegible de uno de sus dirigentes, quedando pendiente la respuesta para el siguiente nueve de octubre (carpeta 350, anexo 32, páginas 221 a 231).

Fueron entregadas por manifestantes las estaciones de la radiodifusora ********** que mantenían ocupadas desde el veintiuno de agosto. Este hecho se conoció del documento que obra en los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional denominado "Problemática político social en Oaxaca" exhibido en copia certificada (carpeta 351, anexo 68, página 477 vuelta).

Al inicio de la reunión de nueve de octubre los inconformes presentaron la llamada "contrapropuesta para distender el conflicto", en la cual, entre otras cuestiones, rechazaron la propuesta de seguridad y la "entrega de la plaza de Oaxaca que tiene como base la presencia de efectivos de la PFP", por lo que solicitaron se presentara otra propuesta que fortaleciera la mesa de incidencias; por otra parte, pidieron la liberación inmediata de presos políticos, la reparación del daño a las víctimas por medio de la constitución de un fideicomiso, así como la cancelación en el Estado de Oaxaca de operativos del Ejército y Armada Mexicanas. Por cuanto a las acciones de seguridad, regreso a clases, reducción de barricadas y entrega de vehículos oficiales, señalaron que eran "puntos no negociables" en esa reunión; por último, refirieron el acuerdo de mantener su plantón en la ciudad de Oaxaca exigiendo "garantías para su continuidad".

Al respecto, el secretario de Gobernación dio respuesta a los puntos presentados, a través de los oficios SG/200/174/2006 y 100-275, de esa misma fecha, respecto del tema de la seguridad, la propuesta definitiva de la Secretaría de Gobernación fue la de recuperar la paz, aceptándose la propuesta de los inconformes, en el sentido de lograr ese objetivo "mediante la utilización de las propias Policías Estatal y Municipal", bajo el mando de un funcionario de (nivel) subsecretario y su equipo de trabajo. Así, señaló que "habiéndolo acordado con el Gobierno del Estado" estaban preparados para instrumentarla de manera inmediata. Los hechos relacionados se aprecian de la relatoría remitida por esa dependencia y de los oficios suscritos por su titular que se adjuntaron en copia certificada (carpeta 350, anexo 33, páginas 232 a 252).

El diez de octubre el secretario de Gobernación, mediante oficio 100-274 respondió el pliego general presentado por la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el primero de mayo al Gobierno del Estado, circunstancia que se acredita con la copia certificada de dicho documento. En cuanto al tema de rezonificación señaló que en el año dos mil seis se incrementarían los conceptos "C.P.C. y C.T.C.", además de crearse una bolsa por el concepto de rezonificación (RZ) por ciento setenta y cinco millones de pesos (doscientos ochenta millones de pesos anualizados). Asimismo, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública en acuerdo con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, comprometió un esfuerzo por los próximos seis años para alcanzar la rezonificación de Oaxaca que lleve a todos los trabajadores de la educación a la zona económica III, indicando que este esfuerzo representaría para Oaxaca un incremento de más de mil millones de pesos (carpeta 350, anexo 34, páginas 253 a 261).

El trece de octubre el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a través del oficio SG/200/179/2006, dirigido al profesor *SUJETO 21*, secretario general de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recordó a este último su compromiso de someter a la consideración de la asamblea estatal las propuestas formuladas por la Secretaría de Gobernación el nueve y diez de ese mes, a fin de que se aprobara el regreso a clases para el dieciséis de octubre siguiente, advirtiendo que, en caso de que los acontecimientos no se dieran en la forma ofrecida por el dirigente, la oferta realizada quedaría sin efecto. De la parte inferior de dicha comunicación se aprecia que se recibió en la misma fecha, pues en ella obra una firma ilegible, de acuerdo con la copia certificada glosada en autos (carpeta 351, anexo 36, página 263).

El proceso de negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación culminó con la firma de los documentos de veintisiete y veintiocho de octubre. En el primero, la citada autoridad federal se comprometió a: 1) liberar a cuatro personas; 2) "cancelar" las órdenes de aprehensión libradas entre el veintidós de mayo y el veintisiete de octubre; 3) garantizar el retorno de los maestros a las aulas; 4) cubrir salarios caídos; 5) cesar la persecución y hostigamiento a integrantes tanto del magisterio oaxaqueño como de organizaciones sociales que los apoyaron; 6) constituir un fideicomiso de cinco millones de pesos para resarcir los daños causados a los familiares de los fallecidos durante el conflicto; y, 7) pagar veinticinco millones de pesos por los daños materiales derivados del desalojo de catorce de mayo de dos mil seis. Por su parte, el magisterio oaxaqueño indicó que regresaría a las aulas el lunes treinta de octubre. En el segundo de dichos acuerdos se dio respuesta a las peticiones contenidas en el pliego inicial presentado el primero de mayo, dentro del que destaca la demanda de rezonificación. Los hechos de referencia constan en los documentos allegados en copia certificada por la Secretaría de Gobernación (carpeta 351, anexos 37 y 39, páginas 264 a 265 y 270 a 286).

El veintiocho de octubre el gobernador del Estado dirigió un oficio al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual señaló que, en subsidio a la excitativa que para el mismo efecto formuló el Congreso del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 119 de la Constitución Federal, solicitaba la intervención ejecutiva del Estado, toda vez que existía una situación de trastorno interno en la capital de la entidad y era necesario restablecer el orden público y el Estado de derecho. El comunicado en cuestión fue entregado con la misma fecha a la Secretaría de Gobernación, según consta del sello de recepción impreso en la parte superior derecha de dicho documento glosado en copia certificada en autos (carpeta 351, anexo 59, página 422).

En esta misma fecha, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa en el que anunció la orden del Ejecutivo Federal para el despliegue de las fuerzas federales en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada, por virtud de la petición que realizó la legislatura y el gobernador del Estado, con la finalidad de restablecer el orden y la seguridad pública, dado el clima de violencia generado por grupos fuera de control y la incapacidad de los Gobiernos Estatal y Municipal de garantizar la seguridad pública y la paz social (carpeta 351, anexo 60, páginas 423 y 424).

El secretario general de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de una reunión con la Secretaría de Gobernación, anunció en rueda de prensa el regreso a clases para el siguiente treinta de octubre, al mismo tiempo que rechazó la presencia de la Policía Federal Preventiva en la entidad, al no ser parte de los acuerdos. Lo anterior se conoció de la nota informativa de esa fecha elaborada por la Dirección de Atención Ciudadana y Concertación Política, que obra en copia certificada glosada en autos (carpeta 351, anexo 38, páginas 266 a 269).

El veintidós de noviembre continuó el diálogo con los representantes de la Secretaría de Gobernación y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La investigación documentó cuatro reuniones adicionales entre los interlocutores (cinco, ocho, catorce y veintiuno de diciembre), sin que las partes alcanzaran algún acuerdo para resolver definitivamente el conflicto y la última se programó para el ocho de enero siguiente sin que se llevara a cabo (informe preliminar de la Comisión Investigadora. Tercera fase, capítulo 1; y carpeta 351, anexos 41 a 46, páginas 291 a 316).

El secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca señaló que en el mes de diciembre, de manera paulatina se reanudaron las relaciones con los inconformes, de tal forma que al treinta y uno de enero siguiente la relación era normal (tomo I del expediente principal, foja 494).

QUINTO. Seguridad y fuerza pública. Con el propósito de analizar el uso de la fuerza pública con motivo de los hechos investigados, en el presente considerando se establecerá el marco regulatorio de la seguridad pública, dentro de cuyas funciones se enmarca el uso de la fuerza pública por el Estado, pues se estima necesario precisar las normas que regulan dicha función. Por último, se analizarán los principios que rigen el uso de la fuerza pública.