FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

"Con fecha catorce de julio del año dos mil seis, fueron tomadas las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado ... motivo por el cual, el personal adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones, la Subdirección de Averiguaciones Previas con Detenido, las cuatro mesas con detenido, las mesas auxiliares, mesa de ratificaciones y demás personal se trasladaron a la agencia del Ministerio Público adscrita al Municipio de Santa Lucía del Camino, centro, Oaxaca, posteriormente y con apoyo del edil de esa localidad, se nos habilitó un espacio en la calle de Siracusa número 108, lugar en donde se despacharon los asuntos de la dirección durante el tiempo que permaneció tomado el edificio de la Experimental, San Antonio de la Cal, así también se nos habilitaron las instalaciones del DIF municipal, mismo que se ubica en continuación de la calle de la Raya, en Santa Lucía del Camino, centro, Oaxaca.

"Por su parte, la Subdirección de Averiguaciones Previas sin detenido y sus veinticuatro mesas de trámite, la mesa de notificaciones y los revisores, laboraron de manera normal hasta el día ocho de agosto día en que fue bloqueado su acceso por los integrantes de las organizaciones ya mencionadas anteriormente, retornando a trabajar a las respectivas instalaciones tan luego las condiciones lo permitieron.

"En cuanto a las agencias del Ministerio Público Investigadoras del centro, algunas cambiaron de sede durante el tiempo que duró el conflicto, siendo así que las agencias adscritas a la Policía Ministerial del Estado y centro histórico, se trasladaron a las instalaciones del DIF municipal de Santa Lucía del Camino, en donde dieron atención al público de manera ininterrumpida, de la misma forma, la agencia del Ministerio Público adscrita a la Cruz Roja se trasladaba cuando había amenaza de desalojo, a las instalaciones que ocupa la Agencia de Atención a Discapacitados y Senescentes, la cual se ubica frente al DIF de la colonia Miguel Alemán; el día siete de agosto de 2006, fue tomado el edificio de la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca y, como consecuencia, la agencia adscrita a la Policía Municipal se trasladó a la agencia adscrita a la central de abastos, laborando conjuntamente con esta última agencia, pues el libro de gobierno de la agencia de Policía Municipal, no pudo ser extraído por la amenaza de los manifestantes al momento de desalojar el edificio; esta agencia retornó a laborar el día tres de noviembre de 2006.

"Las agencias adscritas al hospital civil, Tránsito Municipal, Santa María el Tule y colonia Dolores, trabajaron de manera normal, sólo tomando providencias cuando la situación imperante en su demarcación las ponía en riesgo. Debe aclararse que la agencia del Ministerio Público adscrita a la colonia Dolores, fue cerrada el día treinta de septiembre del año dos mil seis, y como consecuencia de ello se abrió con fecha tres de octubre de ese mismo año la agencia de Santa Cruz Xoxocotlán, centro, Oaxaca.

"Con fecha tres de noviembre del año dos mil seis, retornamos a laborar de manera normal a las oficinas del centro y al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

"Los horarios de atención siguieron siendo los mismos, de acuerdo a como se daban las condiciones de servicio.

"Ninguna agencia del Ministerio Público dejó de prestar servicios al público; las agencias que se vieron afectadas por el conflicto cambiaron de sede a los domicilios que se indicados (sic) en el punto número 2 del presente informe." (carpeta 64, anexo VI, páginas 192 a 195).

En esos términos, se aprecia que las diversas agencias del Ministerio Público adscritas a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones, fueron "tomadas" en diversas fechas, algunas veces por periodos prolongados, por lo que cambiaron de sede, operación que se repetía cuando se "tomaban" las nuevas instalaciones implementadas.

Por cuanto hace a las actividades generales desarrolladas por la Subprocuraduría General de Control de Procesos, relativas a girar oficios, dar seguimiento a juicios, intervención del personal ministerial, así como los lugares donde desempeñó su labor, de la copia certificada del comunicado oficial que fue suscrito por el director de Control de Procesos y encargado del despacho, se advierte que, manifestó:

"... el subprocurador general de Control de Procesos, el suscrito director de Control de Procesos, la entonces subdirectora, jefe de departamento y agentes del Ministerio Público adscritos a esta dirección, así como el director de Derechos Humanos en compañía de los agentes del Ministerio Público adscritos, laboramos normalmente ... con excepción del 6 al 13 de septiembre del año 2006 y el día 11 de octubre del mismo año, fechas en que se laboró en una sede alterna toda vez que fue cerrado el citado edificio por un grupo de manifestantes.

"A su vez durante este tiempo, el director y agentes del Ministerio Público de la Dirección Jurídica Consultiva desarrollaban sus actividades en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado ubicadas en la avenida Luis Echeverría s/n, La Experimental, San Antonio de la Cal y el departamento de ordenes de aprehensión en el edificio ubicado en la calle Benito Juárez s/n, La Experimental, San Antonio de la Cal; sin embargo, ante la toma de sus respectivos centros de trabajo, por grupos de manifestantes, se vieron imposibilitados de continuar laborando en sus instalaciones, trabajando desde el mes de agosto con su personal en el edificio que ocupa la Subprocuraduría General de Control de Procesos, lugar donde realizaron sus actividades hasta la primera semana de noviembre." (carpeta 64 anexo II, páginas 42 a 53).

Por su parte, el director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca señaló que durante el referente temporal materia de la investigación, realizó sus actividades de manera normal, excepto por tres ocasiones, explicando que el personal era desalojado por las mañanas y regresaban a laborar por las tardes (carpeta 64, anexo XV, páginas 282 a 284).

En relación con las actividades generales desempeñadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, dentro de las que se cuentan la recepción de denuncias, envío de averiguaciones previas a la autoridad federal e impartición de cursos; del informe del procurador general de Justicia de Oaxaca, se advierte que del dieciséis al treinta de julio de dos mil seis, así como durante los meses de agosto, septiembre y octubre de ese año, tuvo que mudar sus oficinas a la avenida Símbolos Patrios, número mil nueve en San Agustín de las Juntas, Oaxaca (carpeta 64, anexo VII, páginas 196 a 202).

Los hechos que brevemente se han señalado, permiten advertir las dificultades que presentaba el acceso a las dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en razón de que fueron bloqueadas y tomadas, incluyendo el edificio sede y las agencias investigadoras ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo que se trasladaron a sedes alternas, dificultando la realización de sus actividades. Esta conclusión se confirma con los datos recabados en la investigación, de donde se desprende que, durante el conflicto, la sociedad civil se quejó porque no había dónde acudir para presentar denuncias o querellas; además, se documentó la detención de varias personas por la población civil debido a la presunta comisión de delitos, a quienes antes de remitirlas a la autoridad, las amarraban y evidenciaban con letreros por los manifestantes en el zócalo de la ciudad, en donde hacían juicios sumarios. Al respecto, la ex procuradora general de Justicia de Oaxaca, en entrevista con los Magistrados comisionados, refirió:

"... hubo situaciones de hecho que teníamos que buscar la manera de cómo instrumentar esquemas jurídicos para poder atenderlos, por ejemplo, habilitar espacios para que ahí trabajaran los Ministerios Públicos, incluso acudí a una radiodifusora, no sé cuál es la frecuencia, pero es en Oaxaca, se llama la Grande de Oaxaca, y pedí al gerente de la radio que me diera la oportunidad de poder dirigir un mensaje a la ciudadanía, entonces me atreví, con riesgo magistrado de mi propia integridad física, me atreví a enviar un mensaje, entonces redacté un mensaje y le hice saber a la ciudadanía que tenía que presentarse a denunciar, que tenían que denunciar los hechos delictivos de que tuvieran conocimiento, porque, como ellos difundían mensajes de que a los delincuentes que detuvieran se los entregaran para que los exhibieran públicamente en la plaza, les quitaban los zapatos, los desnudaban, los amarraban y les ponían letreros ‘soy ladrón’, los sometían al escarnio público; entonces hice ese mensaje para decirle a la gente que acudiera; les dije dónde estaban las oficinas, el Ministerio Público, los teléfonos a dónde tenían que llamar para efecto de poder presentar las denuncias correspondientes ..." (carpeta IV de actas, páginas 1397 a 1438, archivo electrónico, página 65).

Resulta relevante mencionar que cuando se recuperaron las instalaciones del edificio oficial que alberga la Procuraduría General de Justicia del Estado, el personal se percató de diversos daños en el inmueble, específicamente donde estaban estacionados varios vehículos; ese día, la representación social acudió a realizar la inspección ministerial correspondiente, en la que señaló los daños que se apreciaron, consistentes en la quema de automotores, incendio en un cubículo donde se resguardaba, entre otros objetos, documentación, armas, artículos de oficina, observando muebles metálicos y de madera, estructuras metálicas y papelería calcinadas, con restos de cenizas en el suelo.

El reclamo de falta de seguridad también fue presentado por los manifestantes ante la Secretaría de Gobernación, circunstancia que generó que en la reunión efectuada el catorce de septiembre de dos mil seis, las partes acordaran conformar una "mesa de incidentes", cuyo objetivo primordial era salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas en la zona del conflicto (carpeta 350, anexo 30, páginas 194 a 197).

La mesa de incidentes se creó el diecinueve de septiembre de dos mil seis, según se aprecia de la copia certificada del acuerdo de creación que obra en autos. Estuvo integrada por la Fiscalía para Asuntos Magisteriales, dos representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dos representantes de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dos representantes de la Secretaría de Gobernación, y como observadores, dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (carpeta 64, anexo XXXVI, páginas 397 a 400).

En relación con esta mesa de incidentes, el procurador general de Justicia de Oaxaca, que la refirió como "mesa de incidencias", informó que se creó para que coadyuvara con la Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales, y precisó sus alcances y atribuciones:

"El objetivo de esta mesa fue, como se señala en el acuerdo de su creación, coadyuvar a generar las condiciones para que la Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales salvaguardara la integridad física y el patrimonio de las personas con motivo de la comisión de delitos del fuero común, así como para garantizar su seguridad y libertad, mediante la prevención, investigación y persecución de los mismos.