FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2007 (DICTAMEN). CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

La seguridad pública es una función a cargo del Estado, estatuida con el objeto de preservar las condiciones indispensables para hacer efectivo el derecho fundamental a la paz consagrado por la Ley Fundamental. El derecho a la paz se traduce en una condición indispensable para el goce y disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana y, a su vez, como un derecho derivado de esa propia dignidad; por lo que se vincula a la existencia de seguridad, orden social y de las condiciones necesarias y suficientes en el entorno humano que le permitan su pleno desarrollo. En este orden de ideas, para que cobre eficacia este derecho se debe garantizar la plena seguridad de la persona, de tal suerte que se posibilite el pleno disfrute de los derechos fundamentales.

En mérito de los altos fines que persigue, para desempeñar la función de seguridad pública concurren la Federación, los Estados y Municipios, los que se coordinan para establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional.

Ahora bien, para preservar la paz y el orden público se requiere realizar tareas preventivas y correctivas, las cuales se encuentran implícitas en la función de seguridad pública, con mayor empeño las primeras con el fin de evitar sanciones derivadas de conductas antisociales. En este sentido, la función de seguridad pública comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las conductas delictivas e infracciones administrativas. Al respecto, cabe aclarar que las previsiones referidas, en el momento de los hechos investigados se contemplaban en el artículo 21 constitucional y preceptos 3 y 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya parte conducente dice: