DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2015

El estatuyente establece una excepción a las sesiones públicas, y dispone que serán reservadas si afectan o perjudican a la moral y al honor de la personas; y señala que las actas de dicha sesión adquirirían el carácter público transcurrido diez años, o por decisión de dos tercios de sus miembros presentes, y sobre este aspecto se tiene claro que las actuaciones administrativas se regula por el principio de publicidad conforme el art. 232 de la CPE, pero al tratarse de asuntos que podrían afectar o perjudicar la moral o el honor de las personas resulta permisible tratar estos temas en sesiones privadas, pero el tratar de disponer que dicha reserva sea levantada por decisión discrecional de dos tercios de los concejales y las actas adquieran carácter público, resulta inaceptable; toda vez, que dentro de esa discrecionalidad podría resaltar algunos interés políticos que tengan como fin poner en riesgo la gobernabilidad, y vulnerar el derecho a la privacidad, intimidad, honra y honor al cual hace referencia el párrafo en análisis, y más aun tomando en cuenta que dichos derechos se encuentran establecidos y garantizados en el art. 21.2 de nuestra Constitución Política del Estado, por lo que estos aspectos no pueden estar sometidos a la voluntad o decisión de un grupo de personas y al transcurso de diez años para que las actas adquieran carácter público, por lo que dicha reserva deberá ser levantada previa autorización judicial a efectos de garantizar y brindar la seguridad jurídica de las personas, consiguientemente y por expresado se declara la incompatibilidad de la frase: “transcurridos diez años desde la sesión reservada o por decisión de dos tercios (2/3) de sus miembros presentes, las actas adquirirán carácter público” de la parte final del sexto párrafo del art. 27, debiendo el estatuyente suprimir dicha frase.