DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2015

El estatuyente pretende  incluir dentro su Plan de Desarrollo Municipal “…los  Planes y proyectos de educativos bajo directrices nacionales, co-financiados por el Gobierno Nacional…”, para lo cual se debe tomar en cuenta que las ETA tienen la competencia concurrente en gestión educativa, conforme lo dispone el art. 299.II.2 de la Constitución Política del Estado, y en el marco de dicha disposición constitucional, la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, en su art. 80, ha dispuesto como responsabilidad de los gobiernos municipales el apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia, lo que nos lleva al art. 64.I de la LMAD, que señala: “los ingresos que la presente ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en los artículo 299 al 304 de la Constitución Política del Estado”, de donde se desprende que el Gobierno Autónomo Municipal puede materializar planes y programas educativos con los recursos asignados para el efecto, pero en el ejercicio de dicha competencia no puede disponer y regular que el gobierno nacional co-financie los planes y proyectos, consecuentemente la regulación para dicho financiamiento debe provenir del nivel central del estado en función a su capacidad económica financiera y no del gobierno municipal vulnerando el principio de lealtad institucional  descrita en el art. 270 de la CPE, y desarrollado en el art. 5 de la LMAD, aspecto muy diferente sería que el gobierno municipal gestione dicha co-participación mediante un convenio o acuerdo.