Sentencia Rol 8123 - 20

0000918 NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO ya sea personalmente o a través de terceros; iii) actuar como abogado o mandatario en juicio; ejercer influencias ante determinadas autoridades; iv) actuar o intervenir en actividades estudiantiles impidiendo el normal desenvolvimiento de la enseñanza; v) incitar de palabra o por escrito a la alteración del orden público; vi) propiciar el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos a los contemplados en la Constitución; viii) comprometer gravemente la seguridad o el honor de la Nación; viii) infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral; y ix) pérdida de los requisitos de elegibilidad o incurrir en las causales de inhabilidad del artículo 57. Finalmente se establece la posibilidad de que diputados y senadores puedan renunciar a sus cargos “cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional”, según lo prescribe el artículo 60, inciso final, de la Constitución. NOVENO: El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de algunas de las causales de cesación parlamentaria. En STC Rol N° 190-94, resolvió una solicitud de un grupo de senadores para que se declarara la cesación en el cargo de un senador, por la incompatibilidad que se denunciaba de éste con cargos en la administración de sociedades anónimas, por lo que incurriría en la causal prevista en el entonces artículo 57, inciso tercero, de la Constitución (actual artículo 60, inciso tercero). La aludida STC Rol N° 190-94, entregó directrices jurisprudenciales en torno a la sustanciación de este tipo de requerimientos como expresión del debido proceso y lo que implica valorar la prueba en conciencia, lo que será desarrollado infra. El Tribunal razonó que la inhabilidad parlamentaria en examen resulta aplicable a todas las sociedades anónimas, abiertas o cerradas (c. 14°), y, haciendo una valoración de la prueba documental, confesional y testimonial reunida en el proceso, fue desechado el requerimiento, al no acreditarse “algún acto concreto de administración del requerido en las sociedades anónimas del denominado grupo Errázuriz” (c. 44°), por lo que el parlamentario denunciado no incurrió en la causal invocada. Luego, en STC Rol N° 970-07, se pronunció respecto de una solicitud de cesación en el cargo de un senador, quien, a juicio del grupo de diputados requirentes, habría incurrido en las causales previstas en el artículo 60, incisos cuarto y quinto, de la Constitución: ejercer influencia indebida en el contexto de un conflicto laboral e incitación a la alteración del orden público de palabra o por escrito. La sentencia indicada generó un precedente importante para resolver el conflicto de estos autos. Junto con analizar antecedentes históricos de las causales invocadas (cc. 5° a 8°), dicho fallo circunscribió el problema constitucional en el “Estatuto Parlamentario”, y explicó que la función de los congresales no se circunscribe únicamente a la labor dentro del Hemiciclo, sino que ésta supone, en su esencia, representar y conocer la opinión de sus mandantes, los ciudadanos, para legislar y fiscalizar, como sucede respecto de la Cámara de Diputados, “y el conocer su opinión incluye participar en aquellas modalidades en que aquellos tratan sus asuntos comunes 10