DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2015

En virtud a lo señalado precedentemente, se tiene que por el principio de separación e independencia de funciones y órganos, previsto en el art. 12.I de la CPE, será el alcalde municipal la máxima autoridad del ejecutivo municipal, lo que implica que el conjunto de funcionarios se encuentran subordinadas a éste; en ese entendido, con relación a la figura de la censura efectuada por el Concejo Municipal, como mecanismo para la remoción de funcionarios de designación directa del ejecutivo municipal, la DCP 0009/2014 de 25 de febrero, señaló que: “…la interpelación y censura, sólo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios. De otra parte, en cuanto al efecto de la aplicación de la censura, que viene a ser la destitución (…), no corresponde que un órgano independiente y jerárquicamente igual respecto del otro, sancione a los funcionarios objeto de interpelación, más aún cuando la misma es la destitución del cargo. Aclarar, que la fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del órgano ejecutivo no puede significar también sanción, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso, que además conllevaría irrumpir las facultades de uno hacia el otro.

La DCP 0009/2014, señaló que: “…la interpelación y censura, sólo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios. De otra parte, en cuanto al efecto de la aplicación de la censura, que viene a ser la destitución (…), no corresponde que un órgano independiente y jerárquicamente igual respecto del otro, sancione a los funcionarios objeto de interpelación, más aún cuando la misma es la destitución del cargo. Aclarar, que la fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del órgano ejecutivo no puede significar también sanción, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso, que además conllevaría irrumpir las facultades de uno hacia el otro.