DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2015

La previsión normativa prevista en el parágrafo que se analiza, establece las atribuciones de las Subalcaldías en al ámbito de la gestión territorial; sobre el particular, corresponde citar el art. 271.I de la CPE, cuyo contenido establece que: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas”; sobre dicha previsión normativa, la SCP 2055/2012, plasmó el siguiente razonamiento: “…la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado norma de manera primaria el pacto territorial constitucional al que se llegó en la Asamblea Constituyente, por lo que sus contenidos son referentes a la organización territorial, a las autonomías y descentralización, elementos que son integralmente relacionados entre sí; entendiéndose a la autonomía como un modelo de Estado que es transversal en las cinco partes que conforman la norma fundamental, por lo tanto, el mandato del art. 271 de la CPE, carece de un carácter interpretativo restrictivo, por lo mismo debe ser entendido como un mandato que establece unos contenidos mínimos para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

A momento de efectuar el control previo de constitucionalidad del párrafo introductorio así como del parágrafo I del art. 71 en revisión, se estableció que corresponde al nivel central del estado la competencia relativa a los servidores públicos, ello en virtud de la cláusula residual prevista en el         art. 297.II de la CPE.

Asimismo, la DCP 0016/2015, en su contenido pertinente señala: “…el régimen del servidor público, es una competencia que no figura en el catálogo competencial establecido por la Constitución Política del Estado entre los arts. 298 al 304, en consecuencia por mandato del art. 297.II, desarrollado por el art. 72 de la LMAD, ‘Las competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, serán atribuidas al nivel central del Estado, y éste definirá mediante ley su asignación de acuerdo al Parágrafo I del mismo Artículo’.