DICTAMEN QUE VALORA LA INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL REALIZADA POR LA COMISIÓN DESIGNADA EN EL EXPEDIENTE 3/2006, INTEGRADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR EL MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES DE GARAN

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Conforme disponen los diversos preceptos que integran el título cuarto de nuestra Constitución intitulado "De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado", el ejercicio del poder del Estado de forma irregular o ilícita da lugar, por un lado, a que se deban exigir y fincar las responsabilidades que resulten a los servidores públicos correspondientes y, por otra parte, a que el Estado responda y repare a los particulares los daños que le cause.

En los hechos motivo de esta investigación constitucional ha quedado visto que, efectivamente, el Estado -a través de agentes de diversas corporaciones policiales y otros servidores públicos- incurrió en diversas violaciones a derechos humanos y, especialmente, ejerció su facultad de fuerza pública de una manera gravemente violatoria de garantías individuales, en razón de los excesos y abusos descritos en páginas precedentes.

La condición de ilicitud en que se incurrió conduce a que cobren aplicación las normas constitucionales antes referidas y otras estrechamente vinculadas, tanto de orden constitucional como de derecho internacional humanitario, en diversos aspectos, según a continuación se explica.