DICTAMEN QUE VALORA LA INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL REALIZADA POR LA COMISIÓN DESIGNADA EN EL EXPEDIENTE 3/2006, INTEGRADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR EL MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES DE GARAN

"Un puesto de responsabilidad se puede transferir durante un incidente por varias razones: Conforme el incidente crece, se puede requerir que una persona más calificada asuma el puesto de comandante del incidente para manejar las necesidades crecientes del incidente, o, por el otro lado, cuando un incidente se reduce en tamaño, el mando se puede pasar a una persona menos calificada (pero con las calificaciones suficientes para manejar el incidente, ahora más pequeño) para liberar a los recursos más calificados para otros incidentes o tareas. Otras razones para transferir el mando pueden incluir un cambio jurisdiccional si el incidente se mueve a otra locación o área de responsabilidad, o el cambio usual de personal debido a incidentes largos. El proceso de transferencia de mando siempre incluye un reporte de transferencia de mando, que puede ser oral, escrito o ambos."

Por supuesto, no se trata de decir con esta cita ejemplificativa que éste sea el mejor modelo o el modelo de protocolo que deba implementarse, ni nada semejante. Eso escapa del resorte de este tribunal. Simplemente, se cita porque en él se hace hincapié en que para el éxito de un operativo en el que concurren diversas organizaciones para la realización de objetivos comunes es necesario que todas esas organizaciones estén entrenadas en la ejecución de procesos estandarizados que tienen un piso común. Y esto se asemeja a lo que ocurre en nuestro país en el ejercicio de la función de seguridad pública.

En efecto, en un país en el que convergen diversas corporaciones de policía en el ejercicio de la función de seguridad pública no basta que haya una ley marco que referencie todos los órdenes jurídicos concurrentes en la materia. Es necesario, además de que diseñen y lleven a la práctica los diversos protocolos que exige este quehacer público, que se cuide que esos mecanismos tengan bases comunes o se diseñen también mecanismos estandarizados que -como sucede en el ejemplo estadounidense antes descrito- que permitan organizar y coordinar las respuestas conjuntas que las corporaciones de todos los niveles de gobierno y especializaciones deban dar en conjunto a las incidencias de seguridad pública que se presenten, con mayor grado de eficacia, profesionalismo y desempeño en los operativos, inclusive, la de realizar una mejor documentación y rendición de cuentas de ello, para todos los efectos que esto sea necesario y útil. Y es necesario que esos procesos comunes sean base de la capacitación y evaluación continúa en las corporaciones.

Estas omisiones, en tenor semejante a lo que sucede con las omisiones legislativas, ponen en un estado de sensible vulnerabilidad los derechos de las personas.

Son muchos, pues, los espacios tanto de orden legislativo como reglamentario y protocolario que aún están pendientes de ser atendidos en México en materia de seguridad pública, policía y fuerza pública. Y hasta en tanto ello sea atendido, difícilmente se reducirá el margen de vulnerabilidad en que ante ello se encuentran los derechos de las personas, incluyendo -como se ha venido insistiendo- los derechos de los propios policías.

Atenco ha sido un caso superlativo y paradigmático de las deficiencias que, en general, acarrea en México la policía y el uso de la fuerza. Y, por ello, y habiéndose realizado el análisis constitucional aplicable y habiéndose advertido el cúmulo de omisiones destacadas, es que este Tribunal, movido por su vocación tutelar de los derechos de las personas, ha considerado necesario dejar esto apuntando no sólo para las autoridades involucradas en la especie sino, en general, a todas las que en el país tienen alguna incidencia, con la convicción de que se trata de brechas que es necesario zanjar.