DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2015

Relacionado al tema, el art. 232 de la CPE, prevé que: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.

En ese orden de cosas, la Constitución Política del Estado, ha dado los lineamientos constitucionales para la existencia de una ley especial sobre el tema “corrupción” que hace principalmente al ejercicio de la función pública por parte de las servidoras y servidores públicos; y, en consecuencia se tiene que el art. 2 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (LMQSC), define a la corrupción como: “…el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”.