DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2015

Respecto al parágrafo II del artículo examinado, conviene resaltar que la norma constitucional ya regula y establece de manera expresa las cualidades y connotaciones de las autonomías, como parte de la estructura y nueva forma de Estado reflejada en el art. 1 de la CPE, a partir de lo cual la propia Norma Suprema en su art. 272, dispone que: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos , y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

Por ende, queda establecido que es la propia Ley Fundamental la que prevé la naturaleza misma de la Carta Orgánica y sus implicancias, determinando además por mandato constitucional del 271.I dela CPE, que “la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas”. Y es precisamente esta Ley creada por mandato constitucional la que en su art. 6.II.3, da una definición de lo que debe entenderse por autonomía determinando que “Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa.”